Bolivia firmará mañana con Rurelec acuerdo de pago por expropiación

El procurador general del Estado, Héctor Arce, avanzó hoy la firma de este acuerdo, que fue alcanzado a principios de mes y por el que el Gobierno boliviano pagará diez millones de dólares menos de lo establecido en enero pasado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

"En Cochabamba se firmará el acuerdo de recursos provistos por el Ministerio de Hacienda a través del Tesoro General de la Nación y con eso obviamente quedará saneada la nacionalización (...)", dijo Arce, según la agencia estatal ABI.

Este acuerdo fue logrado en Madrid hace menos de un mes y fue el resultado de las negociaciones posteriores al laudo emitido el 31 de enero por la Corte de Arbitraje de La Haya, que estableció por diversos factores una deuda global de 41,8 millones de dólares.

Según indicó entonces el procurador general de Bolivia, Rurelec renunció a cobrar dividendos por 5,7 millones de dólares.

La compañía también aceptó no percibir una suma de 1,4 millones de dólares por obligaciones que tenía con el Estado y renunció asimismo a un 35 % de los intereses acumulados, con lo queBolivia se ha ahorrado 10,2 millones de dólares.

La suma originalmente pretendida por la empresa ante la Corte de Arbitraje era de 142 millones de dólares.

El presidente boliviano, Evo Morales, nacionalizó el 1 de mayo de 2010 las acciones de Rurelec en Guaracachi, que representaban el 50 % de la compañía generadora eléctrica, la más grande deBolivia.

Guaracachi provee el 33 % de la potencia eléctrica del país, que entre el 2009 y 2014 aumentó de 369 a 454 megavatios.

Desde el 2006, Bolivia ha logrado varios acuerdos de compensación con los inversores extranjeros de las empresas nacionalizadas en sectores como el petrolero y el de telecomunicaciones, pero todavía afronta otras demandas en los tribunales externos y nacionales.

La Ley de Inversiones, promulgada por Morales el mes pasado, establece que las futuras controversias con los inversores extranjeros deben ser resueltas sólo en los tribunales bolivianos. EFE