La Unión Europea señala deficiencias en la Justicia boliviana tras la condena a Jeanine Áñez

Un portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señaló en un comunicado que según las observaciones preliminares de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia el juicio "no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez".

En ese sentido, subrayó que la OACNUDH indicó que la tipificación penal del "incumplimiento del deber", delito por el que se condenó a Áñez, es "excesivamente amplia y ambigua".

"También hubo problemas con el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva, el acceso a pruebas testificales y el formato virtual e híbrido de las audiencias", recordó la UE.

Asimismo, el portavoz precisó que la OACNUDH apuntó que se debe evitar mantener juicios en rebeldía y que la participación de "numerosas partes acusadoras" había afectado el equilibrio procesal.

"Estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de Justicia boliviano, según lo informado por el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en mayo de 2022, así como por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyas recomendaciones el Gobierno se comprometió a implementar", declaró el portavoz de Borrell.

Áñez está detenida preventivamente hace más de un año y debe enfrentarse a otros procesos que cursan en su contra en la Justicia ordinaria.

Un tribunal leyó el miércoles la sentencia a diez años de reclusión contra Jeanine Áñez, por la crisis de 2019, en medio de una polémica en Bolivia por las observaciones de organismos como la ONU de que la expresidenta interina del país debió tener un juicio de responsabilidades en el Parlamento.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz convocó la audiencia virtual para las 15.00 hora local (19.00 GMT), pero inició con más de una hora de retraso la lectura del fallo del caso conocido como "golpe de Estado II", en el que se le acusó a Áñez de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.