Solo uno de los aprehendidos tras los desordenes salió en libertad plena. Foto: EFE
Tras los hechos que se desencadenaron tras el accidente aéreo en El Alto, 35 personas fueron aprehendidos acusados de robar dinero que salió "volando del avión" tras los hechos. De esas personas 19 fueron enviadas a la cárcel, 15 recibieron detención domiciliaria y uno solo salió en libertad.
Según informes iniciales, el avión llevaba billetes de la serie B, que no tienen valor legal, ya que eran antiguos y posiblemente destinados a destrucción o retiro de circulación; sin embargo, esto no impidió que una multitud intentara apropiarse de ellos, lo que complicó las labores de rescate y llevó a la quema de parte de la carga por parte de las autoridades para evitar mayores desórdenes.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, confirmó en las primeras horas que se habían aprehendido a 12 personas en flagrancia en el lugar del accidente aéreo. En sus palabras: “Nosotros como Ministerio Público tenemos 12 personas aprehendidas que han tratado de hurtar o robar este dinero, que como dijeron las autoridades no tienen valor legal”.
Estas aprehensiones se realizaron mediante intervención policial directa en el lugar, y se anunció que cada caso sería investigado individualmente para determinar responsabilidades tras la detención. Esta situación de desórdenes y robos tras el accidente aéreo generó amplia dificultad para identificar a las víctimas, a quienes les robaron las pertenecías e identificaciones.
Posteriormente, el número de involucrados aumentó. Para el 1 de marzo de 2026, el Ministerio Público había iniciado siete procesos penales contra un total de 51 personas, incluyendo 47 adultos, entre hombres y mujeres.
Dos de estos procesos fueron remitidos a la justicia penal juvenil debido a la participación de adolescentes. Los delitos imputados incluyen robo agravado, avasallamiento, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, e instigación pública a delinquir.
Durante la audiencia de medidas cautelares, el juez Marco Antonio Amaru, envió a la cárcel de Patacamaya a 15 de los aprehendidos, mientras que tres de las mujeres involucradas fueron llevadas al centro de Orientación Femenina de Obrajes. Uno de los menores involucrados en el caso fue llevado a un centro de Rehabilitación de Qalauma.
Los 15 implicados que recibieron la detención domiciliaria, obtuvieron medida de arraigo y la obligación de firmar un cuaderno de investigaciones cada 15 días. La Justicia les impuso una fianza de Bs. 25.000 en caso de que exista fuga de los acusados, según documenta Unitel.
