Los aprehendidos fueron trasladados para su posterior presentación ante las autoridades. Foto: EFE
El comandante de la Policía de La Paz, Juan Amílcar Sotopeña, confirmó la aprehensión de 28 personas durante la última jornada de violencia que empañó a La Paz y El Alto.
“Han sido trasladadas 127 personas hasta la FELCC, de las cuales están en calidad de aprehendidas 28 (23 varones y 5 mujeres)”, detalló la autoridad.
Los manifestantes, que descendieron desde El Alto hacia la Plaza Murillo para exigir la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, protagonizaron un asedio al perímetro de seguridad, detonaron cachorros de dinamita, arrojaron piedras, intentaron derribar vallas y causaron destrozos, saqueos y agresiones.
Entre los daños materiales destacan la quema de un vehículo policial, destrozos en cinco motocicletas de la FELCC y el robo de dos rifles lanzagases, según el informe oficial. La Policía desplegó 10 drones para registrar los hechos y facilitar la identificación de más responsables, con operativos en curso que incluyen allanamientos a hospedajes donde se habrían encontrado hondas y otros elementos.
Los posibles delitos que se les imputarían, conforme al Código Penal y precedentes en casos de disturbios, incluyen figuras como desórdenes o perturbaciones públicas (artículo 134), resistencia a la autoridad con violencia o intimidación (artículo 159), daño a la propiedad del Estado, robo (por los lanzagases y otros bienes), e incluso sedición (artículo 123) o instigación pública a delinquir (artículo 130) en casos más graves donde se demuestre intención de trastornar el orden público u oponerse violentamente a autoridades.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, vinculó a varios involucrados con sectores del Chapare y movilizaciones afines al expresidente Evo Morales que se sumaron a los ponchos rojos y maestros rurales. Mientras tanto, la inteligencia policial busca a dirigentes como el cobista Argollo y otros para profundizar las investigaciones.
Hay que recordar que este tipo de casos suele generar debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la necesidad de preservar el orden público durante las concentraciones de los grupos sociales.
Algunos organismos de derechos humanos suelen monitorear estos procesos para evitar criminalización excesiva de la movilización social, mientras que las autoridades enfatizan la investigación de actos violentos, robo específicos que afectaron a terceros y daños a los bienes públicos en La Paz.
Las investigaciones continúan con el apoyo de material audiovisual de los drones, lo que fortalece el acervo probatorio para las próximas etapas.
