Por: EFE • Bolivia.com

Bolivia recibe informe sobre violencia y muerte de civiles en crisis de 2019

Bolivia tiene previsto recibir este viernes el informe del GIEI de la CIDH sobre la vulneración de derechos durante la crisis política y social de 2019.

Expertos que conforman el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Foto: ABI
Expertos que conforman el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Foto: ABI

Bolivia tiene previsto recibir este viernes el informe del GIEI de la CIDH sobre la vulneración de derechos durante la crisis política y social de 2019.

Bolivia tiene previsto recibir este viernes un informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre vulneraciones de derechos en la crisis política y social de 2019, aunque su contendido se sabrá recién en los primeros días de agosto. 

"Se va a presentar oficialmente a nuestra Cancillería, lo más seguro es que se entregue (también) a nuestro embajador ante la OEA (Organización de Estados Americanos)", señaló el ministro de Justicia, Iván Lima. 

El ministro detalló que el informe "tiene que ver con las graves violaciones de derechos humanos" que se suscitaron entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, cuando estalló la crisis en medio de denuncias de fraude electoral y la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que dijo que se gestó un "golpe de Estado". 

En esas jornadas se registró la muerte de 37 personas, 861 heridos y 1.531 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo. 

De estos una veintena de fallecidos corresponde a los sucesos de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata en El Alto, en choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, instituido ya un Gobierno interino.  

Procedimientos del informe

Lima señaló que Bolivia "tiene 10 días hábiles para poder revisar el documento" que presente la GIEI y que, en un plazo incluso menor, el Gobierno boliviano podría dar a conocer la postura sobre su contenido. 

A su vez la GIEI y la CIDH podrán "aceptar o negar las observaciones" que se hagan y de acuerdo a una respuesta se tendrá finalmente un "documento oficial", manifestó el ministro. 

La publicación del documento se efectuará "alrededor del 5 de agosto", apuntó. 

El GIEI comenzó su trabajo a fines de noviembre del año pasado y debió entregar el informe a finales de mayo tras visitar unas catorce ciudades en las que se produjeron hechos de violencia, sin embargo, este plazo se extendió por dos meses más por condiciones de la pandemia.  

Según Lima, el informe sobre aquellos sucesos tendrá elementos "vinculantes" como la reparación de daños a las víctimas y otros elementos del documento que irán a título de "recomendación".  

Otro exjefe militar arrestado

Este jueves fue arrestado en la ciudad de Sacaba el excomandante del Ejército Iván Inchauste Rioja acusado por delitos de homicidio, lesiones graves y leves por los sucesos de Sacaba y Senkata en 2019, informaron medios locales. 

Después de su aprehensión, el exjefe militar durante el Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez fue trasladado hasta la ciudad de La Paz donde prestó una declaración informativa y ahora deberá comparecer ante un juez. 

De manera preliminar se maneja la versión de que Inchauste organizó el operativo de protección de 2019 en puntos estratégicos del Estado como la planta de combustibles de Senkata en El Alto.   

La Fiscalía no ha brindado detalles sobre la situación del excomandante del Ejército y se ha limitado a explicar que el caso está en reserva y que por ello no habrán declaraciones a los medios. 

Por los sucesos de Sacaba y Senkata se realiza una investigación en la Fiscalía y una proposición acusatoria contra la expresidenta interina Áñez que podría derivar en un proceso de responsabilidades cuando los resultados pasen al Parlamento. 

El Gobierno de Bolivia ha relacionado varias veces las intervenciones de las fuerzas de seguridad en Sacaba y Senkata como consecuencias de un "golpe de Estado", mientras que la oposición considera de que las indagaciones que se desprenden de estos hechos forman parte de una persecución política.

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