El exgerente Casso estaba en Cochabamba cuando fue aprehendido por las autoridades. Foto: Twitter Capturas
Ronald Casso, exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), fue aprehendido este miércoles 6 de mayo en el aeropuerto Jorge Wilstermann en Cochabamba por las autoridades por el caso "ruta de La Habana". El exdirectivo fue llevado a La Paz para su presentación ante las autoridades.
La aprehensión se deriva de un proceso penal por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Estos habrían generado un daño económico al Estado boliviano superior a los 18 millones de bolivianos, a causa de la operación de la ruta aérea Viru Viru (Santa Cruz) – La Habana (Cuba), que se implementó sin los informes técnicos de viabilidad y rentabilidad requeridos.
“Hemos evidenciado un accionar que ha provocado más de Bs 18 millones de daño económico. Estos Bs 18 millones son consecuencia directa de una mala administración de los recursos públicos de todos los bolivianos”, precisó el viceministro de Transparencia, Yamil García.
Además, detalló que en octubre de 2023 se aprobó el inicio de operaciones, "pero esa autorización debía estar precedida por la presentación de un informe de viabilidad que acreditara la rentabilidad de la ruta. En su momento no se efectuó este informe de viabilidad”.
El fiscal Walter Lora, responsable del caso de BoA, aseguró que los vuelos de esa ruta operaban con una ocupación baja -entre 17 y 22 viajeros en aeronaves que tenían capacidad para 168 personas- lo que hacía evidente que era inviable desde el comienzo.
Casso, quien ocupó el cargo de gerente general de BoA durante gestiones vinculadas al MAS, fue aprehendido tras ser citado a declarar en Cochabamba. Su abogado confirmó el traslado a La Paz y vinculó directamente el proceso al caso de la ruta cubana, mientras que el exejecutivo evitó emitir declaraciones ante la prensa.
El Ministerio Público no descarta ampliar las investigaciones a otros miembros del directorio y exautoridades que autorizaron la operación. El caso se originó en una denuncia formal del Viceministerio de Transparencia contra al menos seis exfuncionarios, entre ellos Casso y figuras como el exministro Edgar Montaño, por el presunto perjuicio económico.
La aprehensión de Ronald Casso refuerza las acciones de fiscalización sobre la gestión de recursos en empresas estatales, destacando cómo decisiones administrativas sin respaldo técnico pueden traducirse en millonarias pérdidas para el erario público boliviano.
