Lara introdujo un recurso de amparo ante la Asamblea previo a la abrogación de la Ley 1341. Foto: TikTok Capturas videos.
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, habría presentado un recurso de amparo contra el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, previo a la abrogación de la Ley 1341. ¿Por qué habría intentado frenar la norma sobre la declaratoria de Estados de Excepción en Bolivia?
Esta acción se produce en un contexto de alta tensión política y social, marcado por bloqueos, protestas y demandas de renuncia al presidente Rodrigo Paz. El recurso de Lara podría "paralizar" los límites que tendría el Ejecutivo para accionar.
Desde la Vicepresidencia se expresó “preocupación e indignación” por la decisión del Senado, que aprobó el proyecto el 24 de mayo en Sucre con más de dos tercios de votos. El comunicado oficial advierte que la abrogación eliminaría las disposiciones diseñadas para “evitar que el Estado responda a conflictos sociales con el uso de armas letales”.
La Vicepresidencia confirmó que el objetivo principal del amparo es preservar la Ley 1341, que establece límites y controles para la declaratoria de estados de excepción. Esta norma fue impulsada durante la gestión de Eva Copa en la Asamblea Legislativa transitoria y busca evitar respuestas estatales desproporcionadas, particularmente el uso de armas letales en conflictos sociales.
“Ninguna medida puede estar por encima de la vida humana”, dijo Lara previo a introducir este recurso de amparo. Aseguró que existe la necesidad de "diálogo, soluciones democráticas y serenidad", asegurando que la violencia ha cobrado vidas inocentes durante los operativos de desbloqueo.
Esta posición de Lara contrasta con la del Senado y sectores del oficialismo que ven en la Ley 1341 un “candado” excesivo que limitaba la capacidad del Ejecutivo para pacificar el país y garantizar el libre tránsito en medio de los bloqueos.
Sectores como la COB, mineros y campesinos han rechazado la medida, advirtiendo que facilitaría el uso de la fuerza contra movilizaciones. Por su parte, defensores de la abrogación argumentan que devuelve flexibilidad constitucional al Ejecutivo sin las trabas agregadas en 2020.
Con la abrogación de la Ley 1341 conocida como “Ley Copa”, se eliminaron requisitos más estrictos como plazos máximos detallados, procedimientos formales adicionales y mayores restricciones al uso de las Fuerzas Armadas en control de disturbios civiles. Ahora, el Ejecutivo opera directamente bajo los parámetros constitucionales más generales.
Su aplicación dependerá de la decisión política del presidente Rodrigo Paz y de la respuesta de la Asamblea Legislativa en las 72 horas siguientes. El tema sigue siendo altamente sensible y sujeto a evolución dependiendo de la situación con los bloqueos.
