Marcha indígena llegará a La Paz para exigir derogar ley de tierras. Foto: EFE
Una marcha de indígenas y campesinos de la Amazonía de Bolivia arribó este fin de semana a las cercanías de La Paz tras recorrer durante 24 días distintos puntos del país para protestar contra la Ley 1720 de reconversión de tierras, norma que consideran una amenaza para sus propiedades rurales.
La caravana, encabezada por organizaciones provenientes del departamento de Pando, llegó hasta el sector de Urujara, en el límite de La Paz y la carretera hacia los Yungas. Desde allí, los manifestantes anunciaron que el próximo lunes iniciarán nuevas movilizaciones en la capital boliviana para exigir la anulación de la ley promulgada el pasado 8 de abril.
El dirigente campesino Faifer Cuajera, uno de los líderes de la marcha, aseguró que permanecerán en La Paz hasta obtener una respuesta del Gobierno de Rodrigo Paz frente a sus reclamos sobre la normativa relacionada con la reconversión de tierras.
Según los sectores movilizados, la ley pone en riesgo las propiedades rurales de pequeños productores y comunidades campesinas e indígenas, debido a que podría facilitar la pérdida de tierras frente a grupos con mayor capacidad económica.
Una de las manifestantes afirmó que hasta el momento el Gobierno no ha establecido contactos con los representantes de la marcha, situación que, según dijo, ha incrementado el malestar entre quienes participan en la protesta.
“El Gobierno no se ha comunicado con nosotros y eso lo lamentamos, pareciera que no hay interés ni voluntad de él (…) está jugando con la salud de nosotros y el sentimiento de los marchistas, si no se sensibiliza le va a costar caro”, expresó una participante de la movilización.
Gobierno de Bolivia defiende la Ley 1720
Desde el Ejecutivo, el gobierno de Rodrigo Paz ha defendido la norma argumentando que permitirá reclasificar propiedades rurales pequeñas para convertirlas en medianas, facilitando así que puedan ser utilizadas como garantía para acceder a créditos bancarios.
Sin embargo, las organizaciones campesinas e indígenas sostienen que la medida podría terminar favoreciendo a grandes terratenientes y afectar la permanencia de comunidades rurales sobre sus territorios.
La tensión alrededor de esta ley también coincide con otras protestas sociales en Bolivia. La Central Obrera Boliviana (COB), principal organización sindical del país, anunció el pasado 1 de mayo una huelga indefinida para presionar al Gobierno en medio de varias exigencias laborales y sociales.
Entre los reclamos de la COB figuran un incremento salarial del 20 % y soluciones frente a los conflictos relacionados con la tierra. La organización incluso advirtió que, si el Ejecutivo no atiende sus demandas, el presidente Rodrigo Paz debería “renunciar”.
