Ministerio Público dispone turnos permanentes para 546 fiscales por Carnaval

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este viernes que el Ministerio Público emitió el Instructivo FGE/JLP Nº 036/2021, que dispone que 564 fiscales de materia realicen turnos permanentes durante los días de Carnaval en todo el país, en el marco de las restricciones para la prevención del COVID-19.

“A nivel nacional 564 fiscales estarán distribuidos por turnos de manera permanente para reaccionar y tomar las acciones ante hechos que vulneren la norma. También estarán en coordinación con las diferentes autoridades departamentales para enmarcarse en las medidas de bioseguridad y restricciones que se han establecido en cada departamento”, manifestó, citado en un boletín institucional. 

La autoridad judicial agregó que el Ministerio Público estableció que no puede parar sus actividades en consecuencia a la política institucional denominada “24/7”, cuya ejecución se ratifica para las fiestas de Carnaval.

“Para la atención oportuna de casos, los fiscales especializados en delitos de la Ley Nº348 realizarán turnos permanentes debido a que hemos visto que existe mucha incidencia en lo que significa los delitos de violencia doméstica y familiar y para precautelar y garantizar la seguridad”, agregó.

El Secretario de la Fiscalía General acotó que los fiscales departamentales elaboraron un plan de trabajo que se aplicará hasta la conclusión de las actividades de Carnaval, de acuerdo con las restricciones regionales emitidas para la prevención del contagio por el COVID-19.

“En todo el país, estarán en permanente trabajo los directores nacionales de las fiscalías especializadas, fiscales departamentales, 564 fiscales de materia, médicos y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), atención en las unidades de protección a víctimas y personal de apoyo para la reacción inmediata”, añadió.

Finalmente, Quispe dijo que para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público se realizará una coordinación directa del trabajo con la Policía Boliviana y otras  instituciones del sistema de justicia penal, para que se cuente con la cooperación necesaria  y eficiente durante la atención de casos.