Mujeres en riesgo: recortes presupuestarios agravan la ola de feminicidios

Bolivia enfrenta un incremento de feminicidios que deja en evidencia la ineficacia de la ley y la urgencia de reforzar la violencia cero.

En lo corrido de 2025, Bolivia atraviesa un preocupante repunte de feminicidios, con 26 casos registrados hasta el 15 de abril, de los cuales ocho ocurrieron en Santa Cruz. El año pasado, para la misma fecha, la cifra nacional apenas llegaba a 12 y ninguna había tenido lugar en la región cruceña.

Esta alarmante alza, el doble de incidentes a nivel nacional y un incremento del 33 % en Santa Cruz respecto al 29 de mayo pasado, refleja un escenario de riesgo extremo para las mujeres bolivianas.

Recortes presupuestarios y machismo estructural agudizan la crisis

Los datos de la Ley 348 hasta el 31 de marzo revelan 11.711 casos de feminicidios en todo el territorio. Del total, 8.936 denuncias corresponden a violencia familiar o doméstica, mientras que 776 son por abuso sexual, 730 por violación, 512 por agresión a niñas, niños o adolescentes y 80 por acoso sexual.

Además, 35 mujeres sobrevivieron a intentos de feminicidios: 16 en La Paz, 9 en Cochabamba, 5 en Santa Cruz, 3 en Tarija, 1 en Oruro y 1 en Beni. Sin embargo, expertos coinciden en que muchos casos permanecen ocultos tras el silencio de los hogares.

La directora de la Casa de la Mujer sostiene que el aumento sostenido de la violencia contra las mujeres no solo obedece al machismo arraigado en la sociedad, sino también a la actual multicrisis política, social y económica.

“Los recortes presupuestarios han mermado las políticas de género y dejado sin recursos a los refugios departamentales; hoy solo funcionan el Hogar Ana Medina y nuestra Casa de la Mujer”, advierte.

El patrón es claro: el punto más crítico para una víctima ocurre al intentar romper el círculo de violencia, sea al separarse o al presentar una denuncia. Es ahí cuando el machista reacciona con mayor fiereza, convencido de un “derecho de posesión” sobre la vida y cuerpo de su pareja.

A pesar de que la Ley 348 garantiza atención gratuita y protección, en la práctica las mujeres enfrentan demoras, requisitos inexistentes en la norma, como memoriales escritos para denuncias de violencia psicológica, y desatención de servidores públicos. Muchas terminan contratando abogados privados o abandonan la denuncia por falta de recursos, quedando sin atención ni ruta clara de apoyo.

Además, un acompañamiento integral, información oportuna, trato empático y seguimiento psicológico, es esencial para la recuperación emocional y la prevención de recaídas en entornos violentos. Sin estos servicios, la probabilidad de que las mujeres regresen al silencio crece, dejando impunes la mayoría de los delitos.