La crisis de 2019 y Morales copan agenda política del primer año de Luis Arce
El presidente Luis Arce cumple un año de gestión con una insistente retórica de "golpe de Estado" en la crisis de 2019 y ante la figura de Evo Morales con una fuerte influencia en la agenda política.
El presidente Luis Arce cumple un año de gestión con una insistente retórica de "golpe de Estado" en la crisis de 2019 y ante la figura de Evo Morales con una fuerte influencia en la agenda política.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, cumple un año de gestión al frente del país con una insistente retórica sobre un "golpe de Estado" durante la crisis de 2019 y ante la figura del exmandatario Evo Morales con fuerte influencia en la agenda política nacional.
Al asumir la Presidencia Arce habló de buscar "unidad y complementariedad" entre regiones, ciudad y campo, y no fomentar un ambiente de "resentimiento y venganza", aunque también fue duro con el Gobierno interino que, según dijo, no estuvo apegado a la Constitución y profundizó la crisis causada por la pandemia.
En consonancia con la gestión de Arce ha estado la figura de Morales y su incidencia en la agenda política del país que, junto a organizaciones afines que conforman el llamado "Pacto de Unidad", ha advertido sobre los riesgos de desestabilización e insistido en sancionar a los "golpistas".
"Golpe" y reconciliación
Justicia y reconciliación han sido aspectos muchas veces contrapuestos, con Arce más orientado a saldar cuentas por los sucesos de 2019 y con el vicepresidente David Choquehuanca más inclinado en sanar heridas y una aparente contradicción entre ambos.
A juicio de Hugo Siles, exministro de Autonomías en el Gobierno de Morales, los hechos de 2019 fueron un "golpe de Estado", "no se pueden archivar" y es necesario cerrar esa cuestión para "alcanzar justicia" y así avanzar hacia una reconciliación.
Siles dijo a Efe que aún existe un "ambiente de polarización" política y que muestra que reconciliación y justicia son "asignaturas pendientes" por lo sucedido en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata con la muerte de una veintena de civiles durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez.
En cambio, el analista político Marcelo Arequipa manifestó a Efe que la reconciliación "no ha sido una prioridad", ya que el Gobierno de Arce prefirió "imponerse por la fuerza ante sus opositores" en vez de primero hacer una "reforma integral" de la Justicia.
Arequipa resaltó que no ha habido un criterio "proporcional" entre el énfasis dado al "golpe de Estado" y la búsqueda de justicia para los fallecidos durante los conflictos de 2019 tras los fallidos comicios de ese año.
Influencia del masismo
Para el analista es un hecho que Arce "no logra marcar la agenda política en el país", por más que el mandatario ha buscado dejar atrás su perfil "tecnocrático" en sus primeros meses y proyectar últimamente una imagen de "político duro".
Arequipa consideró que la gestión de Arce carece de una "estrategia de política comunicacional" con un bajo perfil ante los medios y solamente una rueda de prensa efectuada en un año.
Por su parte, Siles admitió que Arce tiene "un estilo distinto" y que por ello ha incorporado una vocería presidencial; además, de que usa canales de información que "son distintos".
Arce "tiene control sobre la gestión pública" mientras que Morales sobre todo lo "orgánico" o partidario relacionado con el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por su condición de presidente de esa agrupación, dijo Siles.
Gestión de la pandemia
Tanto Siles como Arequipa coincidieron de que la gestión de la pandemia y principalmente la adquisición de vacunas y el proceso de inmunización han sido la nota sobresaliente de Arce durante este primer año.
Para Siles, el que se haya vacunado a más del 50 % de la población con esquemas completos incide directamente con la recuperación de la economía y de las actividades.
Pese a esto, Arequipa consideró que la vacunación ha tropezado con la "debilidad" del Gobierno al no poder "conectar" con sus bases en el campo, donde el proceso de inmunización ha sido insuficiente.
Entre los desafíos pendientes están los recurrentes casos de feminicidio que, según los datos de la Fiscalía, se acercan nuevamente al centenar, un registro que ha variado muy poco estos años y plantea la necesidad de que una reforma judicial consiga hacer efectiva la normativa vigente para ese fin.