Abogado de Pinto dice que envío de misión ministerial torna el caso político

 El envío de una comisión ministerial boliviana a Brasil para tratar sobre el asunto del senador opositor Roger Pinto, torna el caso político y no jurídico, afirmó su abogado defensor, Fernando Tiburcio.

El Gobierno de Morales confirmó que tres ministros bolivianos se entrevistarán mañana con el titular brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo, y con el abogado de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, Luis Inácio Adams, para tratar el caso.

"No tenemos preocupación con la llegada de esa misión de alto nivel, pues eso sólo confirma que el asunto es tratado de manera política, pues hay tres ministros en el grupo, además de integrantes del Ministerio Público", señaló Tiburcio en declaraciones a la estatal Agencia Brasil.

El jurista agregó: "Es bueno que todos vengan a Brasil y traigan los documentos que, en verdad, comprueban la inocencia del senador".

Tiburcio se refirió también a la retención en un aeropuerto boliviano del expresidente de la Cámara de Diputados Luis Vásquez, otro de los abogados de defensa de Pinto.

Vásquez fue retenido varias horas en el aeropuerto de Santa Cruz de La Sierra cuando viajaba hacia Brasil porque, según las autoridades, llevaba en su equipaje sellos diplomáticos sin la debida autorización legal.

"La retención del abogado Vásquez es otra demostración clara de que el caso del senador es tratado como una cuestión política. Es absurdo un abogado quedar retenido en un aeropuerto. Eso no puede ocurrir y es un insulto", declaró Tiburcio.

La misión ministerial boliviana, que entregará al Gobierno brasileño los documentos de los procesos judiciales contra Pinto, la integran Carlos Romero (Presidencia), Nardi Suxo (Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción), Cecilia Ayllón (Justicia) y miembros del Ministerio Público..

El pasado 23 de agosto Pinto huyó a Brasil desde la embajada brasileña en La Paz, donde estuvo con asilo diplomático durante casi 15 meses.

Pinto salió de Bolivia sin el salvoconducto necesario de parte del Gobierno del presidente Evo Morales y con ayuda de funcionarios de la legación brasileña.

El hecho provocó una crisis diplomática entre ambos países, que causó la salida al canciller brasileño Antonio Patriota, aunque Morales ya ha dado por superado ese conflicto, después de reunirse la semana pasada con su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff.

El senador opositor ha asegurado que es un perseguido político por haber denunciado supuestos vínculos de funcionarios con el narcotráfico, pero el Ejecutivo boliviano rechaza esa versión y argumenta que el senador tiene cuentas pendientes con la Justicia por corrupción. EFE