A primera hora de la tarde del 12 comenzó la balacera
en plena plaza Murillo de La Paz. La violencia campeó por las calles.
Armados con piedras y palos y descargando su furia en la fachada de Palacio de Gobierno, un grupo de estudiantes del colegio Ayacucho de La Paz comenzó a escribir la historia de uno de los pasajes más crudos de la vida democrática del país.
El reloj marcaba cerca a las 14.00 del 12 de febrero. En la víspera policías del Grupo Especial de Seguridad (GES) se habían amotinado en esa unidad después de que el Presidente anunciara un impuesto del 12.5 por ciento a los
salarios.
Un contingente militar yacía apostado en las puertas de Palacio y en frente, en una de las esquinas de la plaza Murillo, los policías amotinados recibieron las primeras descargas de gas lacrimógeno y respondieron con las mismas municiones. Mas a los minutos se empezó a escuchar disparos de bala. La guerra entre militares y policías había comenzado y se prolongó hasta aproximadamente las 18.00.
Nada cambió al caer la noche y durante madrugada, aunque la violencia parecía haber cedido.
No hubo negociador válido para los policías amotinados que lograra calmar sus ánimos.
La
mañana del 13, el centro de La Paz se paralizó otra vez por una marcha convocada por la COB y reprimida por efectivos de las Fuerzas Armadas.
Vándalos y delincuentes comunes se mezclaron entre los protestantes y los edificios en que funcionan las entidades públicas pagaron la factura. Se perdió documentos y se daño la infraestructura de antiguas edificaciones de La Paz y El Alto.
Dos días de violencia, 29 personas muertas y otras 214 heridas fue el saldo de aquellas jornadas que, en menor medida, se reprodujeron en otras ciudades capitales del país.
Además de anular el impuesto, la Policía
exigía el cumplimiento de un convenio firmado por el gobierno de Banzer con la institución del orden.
Habían pasado 24 horas desde que más unidades policiales se sumaron al motín y una turba que intentó ingresar a la plaza Murillo fue dispersada por la seguridad militar con gases lacrimógenos.
No obstante, el intercambio de balas no había cesado y la presencia de francotiradores en determinados edificios y de tanques en plena plaza aumentó la tensión.
Presionado por los acontecimientos, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuló el impuesto. La Policía obtuvo, en cambio, un bono.
