El ministro de Economía explicó los beneficios que traería la Agencia Nacional de Inversiones. Foto: Twitter vía @EconomiaBo
El nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinora, explicó el nuevo Proyecto de Ley de Inversiones en Bolivia que busca atraer capitales públicos y privados al país.
Enviado el pasado martes 11 de agosto por el presidente Rodrigo Paz, este texto de 103 artículos no es todavía una norma vigente, sino una iniciativa que debe ser debatida y eventualmente aprobada en un Legislativo fragmentado.
Su propósito central, según las autoridades, es generar seguridad jurídica, previsibilidad y confianza para revertir décadas de baja atracción de inversión extranjera directa, que según datos de la CEPAL rondó los 620 millones de dólares en 2025, apenas una fracción marginal del total regional.
¿Cómo funcionaría esto?
Espinoza, ha explicado en distintas intervenciones que la propuesta se articula en tres pilares fundamentales. El primero consiste en “normalizar” la inversión privada, que en los últimos años se trató como algo excepcional frente a la primacía de la inversión estatal.
El segundo apunta a crear un sistema de incentivos y regulación que ofrezca previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza al inversionista. El tercero busca ordenar la dispersión actual de normas e incentivos a través de un Sistema Nacional de Inversiones.
Sin decisiones arbitrarias
Entre los aspectos más destacados figura la limitación a las nacionalizaciones y expropiaciones. De acuerdo con lo expuesto por el propio ministro, cualquier decisión de ese tipo ya no podrá ser una atribución unilateral del Ejecutivo, requerirá una ley específica de utilidad nacional aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y el pago de la correspondiente indemnización.
“Eso es un candado brutal porque ahora un tipo, salvo que tenga dos tercios en la Asamblea ganados y esa Asamblea sea absolutamente obtusa de asumir un costo en el presente de la nacionalización, cosa que ningún político quiere hacer”, señaló Espinoza en julio.
El Gobierno de Rodrigo Paz presenta esta iniciativa de Ley como la primera pieza de un paquete más amplio de reformas económicas, que incluirá luego normas sobre hidrocarburos, minería, asociaciones público-privadas y recursos evaporíticos.
La idea es trazar un horizonte de largo plazo, alrededor de 20 años, priorizando áreas como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas (hidrógeno y solar), sin descuidar los sectores productivos donde Bolivia ya tiene capacidades instaladas y que generan buenas inversiones en el país.
La Agencia Boliviana de Información y el propio Ministerio han difundido comunicados en los que destacan que se trata de abrir “una nueva etapa con seguridad jurídica, reglas claras y una visión de largo plazo”.
