Gonzalo Sánchez y Sánchez Berzain deberán pagar una compensación a los familiares de fallecidos de 2003

Un veredicto en la Corte de Justicia de Estados Unidos llegó a una conciliación con las víctimas del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos Sánchez Berzaín (El Zorro) de la masacre de 2003.  

Durante el proceso de concialiación se llegó a un acuerdo entre las víctimas y los exmandatarios bolivianos, en el cual, se prohíbe que los demandantes vuelvan  a iniciar acciones legales contra los demandados. Adicionalmente, se aclara el hecho de que los demandados acceden a pagar no implica que admitan la responsabilidad. 

“Cuando comenzamos con el juicio, todo el mundo nos dijo que Goni estaba por encima de la ley. Me siento orgulloso de que el pueblo aymara ha mostrado al mundo que ningún político, sin importar lo rico o poderoso que sea, goza de impunidad absoluta”, precisó Téofilo Baltazar, uno de los demandantes del juicio. 

Tras llegar a este acuerdo, los familiares de las víctimas de la masacre de 2003 retirarán la apelación del juicio de 2018 según informó el Centro de Derechos Constitucionales. En ese entonces, un juez había determinado el pago de 10 millones de dólares para los familiares de las víctimas y se les enjuició como culpables de "ejecuciones extrajudiciales" en el contexto social. 

En la plaza de Murillo, Thomas Becker, abogado de las víctimas, precisó que este logro judicial marca un precedente contra la impunidad en el mundo. "...Las víctimas reciben una compensación. Segundo, como dice el acuerdo, hay una resolución, el momento de que la disputa legal queda resuelta, esto significa que no hay más apelaciones, Goni no puede apelar ni ir a la Corte Suprema", dijo. 

Entre los demandantes están Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya, Gonzalo Mamani Aguilar y Felicidad Rosa Huanca Quispe.

Hay que recordar que Sánchez de Lozada renunció a la presidente de Bolivia en 2003 y se fugó del país tras las protestas sociales que rechazaban la exportación de gas a través de un puerto chileno. La determinación concluyó con más de 60 personas fallecidas en el contexto social de la llamada "Guerra del gas".