Abogado de exasesor de Humala dice que ya no tiene sentido arresto en Bolivia

Urquizo indicó al canal ATV+ que imagina que "en Bolivia están al tanto de lo que ha ocurrido en Perú" y afirmó que "una de las consecuencias directas es que tendrían que levantar el arresto provisional".

"Ya carece de sentido porque ha desaparecido la fuente (el pedido de extradición) y, sin ella, no es posible mantener una de las consecuencias", que es el arresto domiciliario, explicó Urquizo.

Belaunde se encuentra en arresto domiciliario en La Paz desde el 21 de enero, cuando el Gobierno de Perú inició la solicitud de extradición por los delitos de peculado (malversación de fondos) y asociación ilícita, desestimados por la Sala Penal Permanente por no tratarse de un funcionario público, como establece el tratado de extradición suscrito entre Perú y Bolivia.

El empresario peruano mantiene al mismo tiempo un recurso de apelación en la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) para reconsiderar su solicitud de refugio en Bolivia, desestimada en primera instancia por el organismo boliviano el 23 de enero.

Urquizo explicó al Canal N que el Gobierno peruano tampoco conseguirá la expulsión de Belaunde por parte de Bolivia, al explicar que las reglas de la Conare establecen un plazo para que el solicitante de refugio se marche a otro país en caso de no recibir una respuesta positiva.

"Si la Conare lo rechaza, esta le dará la opción a Belaunde de que se vaya a cualquier otro país. En el hipotético caso de que decidan declararlo no refugiado, tendrá una oportunidad para que busque un lugar donde establecerse", comentó Urquizo.

Según el abogado, el rechazo sin opción a apelación de la Corte Suprema de Justicia de Perú para solicitar la extradición "evidencia los déficits en la percepción normativa y en la percepción probatoria" de la estrategia jurídica emprendida en este proceso por el procurador ad hoc del designado por el Estado peruano, Joel Segura.

Belaunde, quien fue asesor de Humala en la campaña electoral del 2006, está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.

Por esa acusación, un tribunal de su país ordenó en mayo pasado su detención preventiva durante 18 meses.

Según el Gobierno peruano, es el presunto autor de delitos contra la administración pública, peculado y asociación ilícita para delinquir, por los que tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014. EFE