Bolivia destruye más de 9.000 hectáreas de cultivos de hojas de coca este año

La fuerza militar y policial de Bolivia encargada de la destrucción de cultivos ilegales de hojas de coca en el país superó la meta de 9.000 hectáreas fijada para este año, informó una fuente oficial.

En total fueron erradicadas 9.457 hectáreas de hojas de coca, informó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, según un comunicado de prensa de esa cartera de Estado.

La autoridad atribuyó el resultado al "exitoso" modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico puesto en marcha por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) basado en el diálogo, la concertación y el control social, según la nota.

Del Castillo destacó el control social que permite que los propios campesinos y productores de hojas de coca vigilen que no se excedan los límites establecidos para las plantaciones.

Las tareas de destrucción de plantaciones excedentarias de hojas de coca en Bolivia comenzaron en abril pasado con la promesa gubernamental de acabar sobre todo con los cultivos sembrados ilegalmente en reservas naturales y áreas protegidas.

La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana vigente desde 2009 por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico para fabricar cocaína. 

En 2017, el entonces Gobierno de Evo Morales promulgó una ley que amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.

Los cultivos en Bolivia se incrementaron un 15 % en 2020, de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 hectáreas el año pasado, según un informe difundido en agosto por la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Gobierno de Luis Arce responsabilizó a la gestión interina de Jeanine Áñez por el aumento de las plantaciones de hojas de coca en 2020, un año que también estuvo marcado por la pandemia de la covid-19.

La Administración de Arce presentó en mayo su planificación 2021-2025 de lucha contra el narcotráfico en la que se puso la meta de erradicar y racionalizar, mediante acuerdos en las zonas productoras, unas 49.000 hectáreas.