El Alto pide justicia tras una semana de la muerte de estudiantes en la UPEA

El pedido de justicia persiste en la ciudad boliviana de El Alto tras una semana del desplome de una baranda en una universidad pública de esa urbe, la segunda más poblada del país, que provocó la muerte de siete estudiantes tras caer casi 17 metros. 

El campus de la estatal Universidad Pública de El Alto (UPEA), situado en el barrio de Río Seco, en el norte de El Alto, parece vivir dos realidades a la vez, pues mientras el bloque de Administración de Empresas, donde la semana pasada se produjo la tragedia, permanecía desierto este martes, los exteriores de los edificios de otras carreras rebosaban de actividad al menos en sus exteriores.

Pero la normalidad es aún lejana en esa universidad, cuyos administrativos trabajan estos días a puertas cerradas por el duelo, mientras que toda actividad en Ciencias Económicas está suspendida y "solo se atenderán los requerimientos del Ministerio Público a fin de coadyuvar con la investigación", según un comunicado que se ve en una de las puertas de ingreso.

En el barrio vecino de Los Andes, centenares de personas se aprestaban a participar en un desfile convocado por el sindicato de comerciantes del norte alteño para conmemorar el reciente aniversario de la ciudad, a la vez de reclamar justicia por los estudiantes fallecidos.

"Vamos a exigir, tiene que haber justicia, no solamente los autores son los jóvenes, el hecho ha ocurrido dentro de la universidad, han entrado por la puerta, tiene que haber autores", dijo a Efe Felipe Quispe Laura, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales Comerciantes Minoristas y Artesanos de El Alto, sector norte.

Quispe sostuvo que las organizaciones sociales de El Alto pedirán "hasta el último (momento) que tiene que haber justicia" para los jóvenes y exigirán garantías para que sus hijos puedan pasar clases en la UPEA.

"Sino cualquier rato puede (volver a) suceder, nuestros hijos tienen que estudiar, tiene que haber una garantía dentro de la universidad. Es lo que exigimos en este desfile", agregó.

Las asociaciones afiliadas a ese sindicato llevaban estandartes con moños negros en señal de duelo por la muerte de los jóvenes.

El suceso lamentable

Anahí, Gemio, Raúl, Saúl, Tania, Loyda y Limber son las siete víctimas fatales del accidente ocurrido el pasado 2 de marzo, que también dejó otros cuatro estudiantes heridos, de los que dos recibieron el alta médica recientemente.

Los jóvenes habían asistido a la universidad para participar en una reunión estudiantil que terminó en una confusa gresca en un estrecho pasillo en un cuarto piso de la carrera de Administración de Empresas de la UPEA.

Los videos que alcanzaron a filmar otros universitarios muestran el momento en que se rompe la baranda en medio del forcejeo y los muchachos caen casi 17 metros, un suceso que causó tal conmoción que incluso varios aspirantes en las recientes elecciones subnacionales decidieron suspender sus cierres de campaña por el duelo.

"Se supone que era una asamblea, se nos citó a una reunión a la cancha de tierra, pero nadie sabía que nos iban a llevar a un área donde no nos correspondía. Nosotros somos de Ciencias de la Educación, no teníamos nada que ver con Contabilidad", dijo a Efe María Guadalupe Callizaya, novia de Saúl Mamani, uno de los fallecidos.

La joven contó que la familia de Saúl, que iba a cumplir 23 años en mayo, está en busca de abogados penalistas para llevar el caso y que "puedan caer los que tengan que caer", sobre todo los dirigentes que convocaron a la asamblea.

"Estamos consternados, queremos que se haga justicia porque Saúl tenía toda una vida por delante, terminar su carrera, salir profesional. Él tenía millones de sueños por cumplir y ya no está aquí con nosotros, es lo que más duele", lamentó María Guadalupe con la voz quebrada.

"Todos queremos justicia, sus papás, toda la familia queremos justicia por nuestros compañeros", añadió.

Por el momento hay siete dirigentes estudiantiles con detención preventiva e investigados por los presuntos delitos de "homicidio culposo y lesiones culposas".

Las críticas apuntan a la convocatoria a una asamblea masiva en plena pandemia de la covid-19 y las pugnas de poder entre grupos estudiantiles.