¿Cómo avanza la investigación sobre la tragedia estudiantil en la UPEA?

La muerte de 7 universitarios en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) conmocionó a todo el país.

La tragedia se produjo durante una asamblea estudiantil, luego de que una baranda en el cuarto piso se rompiera, provocando la caída de 11 jóvenes. Tres de ellos murieron en el impacto y cuatro más fallecieron ya en los centros de salud a los que habían sido trasladados.

El pasado sábado se informó que dos de los cuatro sobrevivientes ya habían recibido su alta médica y podían continuar con su recuperación en casa. Mientras que los dos restantes todavía permanecen internados.

Diferentes autoridades mostraron su solidaridad con las familias de las víctimas, mientas que estas, a su vez, exigían justicia para sus difuntos y el esclarecimiento de lo ocurrido. La investigación, sin embargo, sacaría a la luz muchas otras cosas que iban más allá del incidente.

Uno de los primeros hechos cuestionados fue el que se realizara una asamblea estudiantil de forma presencial, a pesar de las restricciones a causa de la pandemia. Más aún que se realice en un pasillo del cuarto piso y con una gran aglomeración de estudiantes.

Y aunque desde la UPEA aclararon que no hubo ningún permiso y se prestaron a apoyar en las investigaciones, tampoco hay una explicación sobre por qué no se detuvo antes. 

A la fecha, siete dirigentes que convocaron a la reunión ya han sido aprehendidos. Se encuentran con detención preventiva y serán imputados por los delitos de “homicidio culposo y lesiones culposas”. Las investigaciones arrojaron que, además de no respetar las restricciones que prohíben aglomeraciones, tenían conocimiento de las pugnas que existían entre dos frentes y que finalmente derivaron en el trágico accidente. 

Desde la Policía tampoco se descarta la posibilidad de que algunos docentes puedan estar involucrados y hayan instruido a los guardias que permitan el ingreso de estudiantes al edificio. Es importante recordar que en la fecha del incidente, el 2 de marzo, se registró el ingreso de más de 500 estudiantes.

Pero quizá lo más sórdido del caso sean las denuncias de varios alumnos y padres de familia sobre extorsiones que ejercen los dirigentes para movilizar al estudiantado. Según estas versiones, los dirigentes condicionarían la entrega de becas y cobrarían multas por no asistir a marchas o, como en este caso, a reuniones.

Quienes se mantienen en puestos dirigenciales usarían su poder para obtener beneficios económicos y políticos, ya que pueden lograr el apoyo o rechazo de quienes asumen altos cargos en la UPEA. Algo que sería un secreto a voces, pero que nadie denuncia formalmente por miedo a las represalias.

Sin embargo, desde la propia universidad han negado estas versiones y, de momento, todavía están bajo investigación.

Lo cierto es que el pedido generalizado es el de dar justicia a las víctimas, explicaciones a las familias y garantías a la población de que algo así no vuelva a repetirse.