En lo que va del año se han reportado 42 feminicidios, según la Fiscalía boliviana

Del 01 de enero al 06 de junio de 2022, la Fiscalía de Bolivia ha reportado 42 casos de feminicidios, producto de la violencia machista, los cuales se concentran principalmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que conforman el Eje Central del país.

En una comparecencia ante los medios, el fiscal general, Juan Lanchipa, indicó que "el departamento con más casos" es La Paz, con 17; seguido de Santa Cruz, donde se consumaron 11 de esos delitos, y 8 en Cochabamba.

Los registros sitúan después a las regiones de Potosí, con 3; Beni con 2 y Tarija con uno, mientras que en Oruro, Chuquisaca y Pando no se han presentado ese tipo de sucesos.

Uno de los casos más recientes se produjo en la comunidad rural de Chayanco del municipio de Uncía, del departamento de Potosí, donde se halló sin vida a una joven de 17 años, según la fiscal de esa región, Roxana Choque.

En otro hecho, un juzgado determinó la detención preventiva por 6 meses de José L.E.C., de 29 años, sospechoso de haber matado a su pareja un año menor y después quemarla, para finalmente abandonarla envuelta en una bolsa de yute en una zona alejada de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

En estos dos casos la causa de la muerte de las víctimas fue asfixia mecánica por estrangulamiento, una constante en los feminicidios, según informó la Fiscalía.

Los recurrentes feminicidios colocan a Bolivia entre uno de los países más violentos de la región, a pesar de contar desde 2013 con una ley que "garantiza a las mujeres una vida libre de violencia".

El Gobierno ha declarado este 2022 como el "Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres", justamente por los constantes casos de violencia machista y feminicidios.

Una comisión interinstitucional que revisa varios casos de feminicidios en el país informó recientemente que, desde su creación a principios de febrero, unos 15 jueces y ocho fiscales han sido procesados administrativa y penalmente por liberar a feminicidas y violadores con sentencia.