El exministro, César Siles, fue acusado formalmente por el caso Consorcio. Foto: ABI Captura
La Fiscalía de La Paz informó que concluyó la fase de investigación del caso Consorcio y acusó formalmente al exministro de Justicia, César Siles y otros seis exfuncionarios judiciales. El proceso avanza ahora hacia un juicio oral, público y contradictorio ante el Juzgado Anticorrupción N° 17 de La Paz.
El caso estalló a mediados de 2025, específicamente el 11 de junio, cuando Óscar Antonio De la Fuente Amelunge presentó una acción de cumplimiento contra la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira. Según la investigación fiscal, esta acción formaba parte de una supuesta trama para destituirla del cargo mediante presiones al entonces juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, con el objetivo de que asumiera su suplente, Iván Campero.
En esa ocasión, las presuntas irregularidades con los documentos de Coaquira la inhabilitaban para las Elecciones Judiciales. Trágicamente, el juez Lea Plaza, terminó quitándose la vida meses después.
Los imputados son: el exministro César Siles Bazán; los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Noël Córdova Castillo y Claudia Marcela Castro Dorado; el magistrado suplente del TSJ, Iván Ramiro Campero Villalba; el abogado José Ramiro Uriarte Ortiz; el accionante Óscar Antonio De la Fuente Amelunge (actualmente prófugo); y el funcionario del juzgado de Coroico, Sergio Edwin Sarmiento Choque. Todos enfrentan acusaciones por los delitos de tráfico de influencias, consorcio y organización criminal, en grado de autores.
“Se está pidiendo la pena de 10 años de cárcel para los acusados, tomando en cuenta que es la sanción máxima por el delito de consorcio”, precisó el fiscal del caso, Miguel Cardozo, quien explicó la posición del Ministerio Público.
Una de las evidencias centrales es un audio atribuido a César Siles en el que, según la pericia realizada, se escucha ofrecer “garantías” al juez Lea Plaza para que emitiera la resolución favorable y así evitar represalias. El fiscal Cardozo confirmó que las grabaciones fueron sometidas a peritaje y validadas como auténticas.
“El Ministerio Público ha recolectado más de 40 pruebas, entre ellas transcripciones de conversaciones, además de la inspección ocular, donde se establece claramente la participación de cada uno de ellos en los delitos que se investigan”, apuntó Cardozo en una cita que recoge la Agencia Boliviana de Información (ABI).
En cuanto a las medidas cautelares, Claudia Castro cumple detención domiciliaria; el resto de los acusados, incluyendo a Siles, quien previamente pasó por detención preventiva y luego arresto domiciliario por razones de salud, cuenta con medidas sustitutivas, excepto Amelunge, quien permanece prófugo. La acusación formal incluye, además de las penas privativas de libertad, la reparación del daño civil al Estado y el pago de costas.
Tras más de diez meses de investigación, la Fiscalía de La Paz considera que existe suficiente evidencia para llevar a juicio a esta presunta estructura de tráfico de influencias en el Órgano Judicial. El caso Consorcio, que ya generó gran atención pública por los audios filtrados y la renuncia de Siles como ministro, entra ahora en su fase decisiva ante un tribunal de sentencia.
