La Fiscalía de La Paz admite denuncia contra el exprocurador Wilfredo Chávez

El fiscal Departamental de La Paz, William Alave, informó que esta institución admitió una denuncia contra el exprocurador del Estado, Wilfredo Chávez. El que además fue abogado de Evo Morales, es acusado de los delitos de conducta económica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

“Ha sido admitida la denuncia y va a seguir el procedimiento correspondiente. De inicio de investigación se convocará a la exautoridad para que preste su declaración respecto a la denuncia”, dijo Alave en contacto con Cadena A.

En ese sentido, Cesar Siles, quien ahora es ministro de Justicia, pero que asumió el cargo de procurador tras la salida de Chávez, reveló que en la gestión del acusado es decir en el periodo entre 2020 y 2023 se incrementó de manera considerable el gasto para la contratación de abogados internos y externos.

Siles detalló que aproximadamente se destinaron 93 millones de bolivianos, de los cuales hay 10 contratos que son parte de la denuncia por ser irregulares y lesivos al Estado. Detalló que se habrían comprometido 12 millones de bolivianos y se ejecutaron pagos por 5,4 millones.

Siles señaló que esto además del monto que implica, significaría que la Procuraduría General del Estado no estaba cumpliendo con su trabajo. El actual ministro, aseguró que bajo la administración de Chávez se estaría “tercerizando” de manera indebida el trabajo de defensa legar del Estado.

“Esta revisión que termina con una denuncia, sustentada en informes técnicos y legales de auditoría es solo el inicio de la punta del ovillo, porque existen otros contratos que todavía están en análisis”, dijo Siles.

Por su parte, según reseña Los Tiempos, Wilfredo Chávez reaccionó ante las acusaciones, y aseguró que está dispuesto a responder ante la justicia cuando sea convocado por el Ministerio Público.

Chávez aseguró que el equipo que lo acompaño en la Procuraduría será el que lo acompañará en este proceso, pues asegura que en su gestión no hubo irregularidades en la contratación estatal.