Los exministros Murillo y López son sentenciados a 8 años de cárcel por el caso Gases Lacrimógenos

Este viernes el Ministerio de Justicia informó que los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López Julio fueron sentenciados a ocho años de cárcel por el “Caso Gases Lacrimógenos”, sobre la compra con sobreprecio de materiales antimotines en la gestión de Jeanine Añez.

Es así que el Tribunal 6° de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, declaró a Murillo y López culpables por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, respectivamente.

El reporte señala que además de los exministros fueron sentenciados Ruth Roxana Palomeque Ríos por el delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes con cinco años de cárcel; a Sergio Ángel Zamora Bascopé por el delito de incumplimiento de deberes a tres años; y a Brayan Samuel Berkman por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado a una condena de siete años.

Por otro lado, el acusado Dennis Alejandro Vera Rada, fue absuelto, pero fue procesado por los delitos de contratos lesivos al estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El caso Gases Lacrimógenos

De acuerdo con el informe, durante la gestión de la expresidenta, Jeanine Añez, se adquirieron gases lacrimógenos por 5,6 millones de dólares, a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions, sin embargo, las investigaciones establecieron un sobreprecio de 2,3 millones de dólares, pues el costo real había sido de 3,3 millones de dólares.

Por este hecho, Arturo Murillo, fue detenido y condenado en Estados Unidos a más de cinco años de cárcel. También fueron sentenciados sus cómplices Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado 602 mil dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones para la entrega de gases lacrimógenos y otros equipos no letales al gobierno de Áñez entre noviembre de 2019 y abril de 2020.