La Fiscalía ejecutó el allanamiento con una comisión de Fiscales este viernes. Foto: Twitter Capturas
Este viernes 24 de abril se reportó un allanamiento sorpresa del Ministerio Público en las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz tras reportarse posible corrupción.
"Se realizará el registro del lugar de los hechos sobre la denuncia del proceso de contratación y la compra de crudo de la YPFB a la empresa Trafigura", precisó el fiscal Omar Quisbert en una cita que recoge El Deber.
La empresa Trafigura es uno de los actores más influyentes del sistema energético y de materias primas a escala global. Las investigaciones no involucran a actores de esta empresa, sino a los que concretaron este contrato. El Ministerio Público investiga a los presuntos responsables por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según antecedentes oficiales, las intervenciones alcanzaron áreas comerciales, redes de gas, oficinas administrativas y unidades operativas, lo que evidencia la magnitud del caso y la posible existencia de una estructura interna articulada.
En ese contexto, desde la estatal petrolera se respaldó la acción fiscal. El entonces presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly, confirmó que las diligencias se realizaron en coordinación con instancias judiciales y policiales de Santa Cruz, subrayando que se enmarcan en procesos de transparencia institucional.
En una declaración pública, la autoridad precisó que las acciones se ejecutaron para atender denuncias por “presuntos cobros irregulares, desvío de combustible y otros hechos de corrupción”, lo que constituye el eje central de la investigación.
En esa ocasión, aseguraban que el desvío de combustible podría alcanzar entre el 20% y el 25% del producto comercializado. Aseguran que el daño al potencial al Estado ascendía hasta 1.000 millones de dólares al año.
De forma paralela, fuentes vinculadas a la investigación, señalaron que los fiscales buscan establecer responsabilidades en torno a posibles contratos irregulares y manejo ilícito de recursos, en un escenario donde ya se habían detectado movimientos financieros sospechosos y beneficios indebidos a funcionarios.
El operativo en Santa Cruz no solo busca esclarecer hechos puntuales, sino también desarticular una presunta estructura de corrupción que, según las autoridades, podría haber operado en diferentes áreas de YPFB. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas intervenciones, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas clave para determinar responsabilidades penales en uno de los casos más delicados que enfrenta la estatal en los últimos años.
