Preocupa en Bolivia el uso descontrolado del mercurio en la minería aurífera

La Defensoría del Pueblo de Bolivia hizo una dura advertencia sobre la falta de acciones del Estado en el control y la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera que, en los últimos años, se ha incrementado de forma preocupante, trayendo efectos nocivos sobre los pueblos indígenas.

Incluso, en 2013, el Estado boliviano firmó un Convenio de Minamata, un acuerdo internacional que regula el impacto del mercurio en la salud y el medioambiente, y lo puso en vigor en agosto de 2017.

"Desde ese momento, pocas acciones se han asumido respecto a la minería aurífera", la principal actividad que emplea el mercurio en su cadena productiva, indicó la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz.

Sin embargo, a partir de un nuevo marco jurídico minero dispuesto en 2015, la importación de mercurio "se dispara" a un promedio de 150 toneladas anuales.

Según un inventario nacional de fuentes de emisión de mercurio, que data de 2017, deja en evidencia que la minería aurífera es "responsable de más del 80% de las liberaciones de mercurio en el ambiente".

La defensora sostuvo que a esa área se le debe prestar mayor atención, ya que además hubo un fuerte incremento en la extracción de oro entre 2015 y 2020, con un promedio de explotación anual de 20 toneladas y un pico de 42 toneladas en 2019.

De las más de 2.000 cooperativas mineras que operan en Bolivia, el 70% son auríferas, "siendo este sector el que extrae el 97% de oro del país", acotó.

Una de las principales observaciones es la falta de un plan nacional para la reducción del uso de mercurio que incluya información sobre las consecuencias de la exposición a ese elemento y un registro detallado de la venta en el mercado interno, como lo establece el Convenio de Minamata.

La salud de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana que están expuestos al mercurio, como los Esse Ejja, Leco, Tacana y Pacahuara pueden verse afectados "considerablemente".

El caso de los Esse Ejja es particularmente preocupante, pues corren el riesgo de extinción física y cultural por la contaminación con mercurio de sus territorios y recursos piscícolas, la base de su alimentación, alertó.

Las recomendaciones del informe apuntan a generar diálogos "participativos" para elaborar el plan nacional que permita cumplir con el convenio.