El expresidente Luis Arce se declaró "preso político" en la última misiva difundida. Foto: ABI Capturas
Tras la carta que reveló el expresidente, Luis Arce, el Gobierno respondió a través de Régimen Penitenciario y aseguró que el exmandatario cumple con "todas las garantías" durante su detención.
“Se desmienten de manera categórica las afirmaciones referidas a la existencia de actos de ‘tortura psicológica’ al interior del Recinto Penitenciario de San Pedro”, señala el texto oficial de forma explícita, y agrega que, “no obstante, en apego a los principios de transparencia, se ha dispuesto la verificación correspondiente a fin de establecer con claridad los hechos denunciados”.
En ese contexto, Régimen Penitenciario rechazó de plano cualquier irregularidad en las condiciones de reclusión. “Desde su ingreso, Arce cuenta con un espacio que garantiza plenamente su seguridad personal y condiciones adecuadas de detención, en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, precisaron, al tiempo que subrayaron que “se rechazan las aseveraciones que señalan una supuesta permanencia en condiciones inapropiadas o vulneración de sus derechos fundamentales”.
En referencia a las quejas de Arce sobre entradas abruptas y fotografías nocturnas en su celda, el Régimen Penitenciario indicó que ya se identificaron a las personas responsables del registro audiovisual, el ingreso de cámaras había sido autorizado previamente, pero aseguran que se iniciarán sanciones administrativas por vulnerar el derecho a la privacidad de los internos. De esta manera, el comunicado reafirma el compromiso institucional con el respeto a los derechos humanos, aunque sin aceptar las acusaciones del exmandatario.
Arce se declaró como "preso político"
La misiva que se difundió a través de las redes sociales fue firmada por Arce diciendo que era "preso político" en una acusación directa en contra del Gobierno de Rodrigo Paz. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno negó esos señalamientos de forma sutil.
Hay que resaltar que las acusaciones de la Fiscalía en contra del expresidente Arce, se registraron durante su gestión como ministro de Economía entre los años 2006 y 2019 bajo el gobierno de Evo Morales.
Arce autorizó transferencias irregulares de recursos públicos a cuentas particulares de dirigentes indígenas y campesinos, financiando miles de proyectos que resultaron en obras fantasma o inconclusas. La investigación reactivada por la actual administración estima un daño económico de alrededor de 360 millones de bolivianos, el equivalente a poco más de 50 millones de dólares.
Tras concluir su mandato presidencial el 8 de noviembre de 2025, fue detenido preventivamente apenas un mes después y enviado al penal de San Pedro por un plazo inicial de cinco meses, mientras avanzan las pesquisas.
