El ministro José Luis Lupo asegura que abunda la "paranoia" en el Chapare. Foto: Twitter vía @joseluislupo
El ministro de Gobierno, José Luis Lupo, le añadió más "estrés" a la situación en el Chapare tras asegurar que Evo Morales tiene que rendir cuentas ante la Justicia. Lupo atribuye una "paronoia total" ante las movilizaciones en la región tras un apagón.
“Ciertamente, una paranoia total, allá (en el trópico) se cae un generador y salen todos a bloquear diciendo que ya están tomando el Chapare”, afirmó el ministro de Gobierno, en una cita que recoge Unitel.
Además, le añadió "más gasolina al fuego" al asegurar que el expresidente Morales tiene que pagar las cuentas que tiene con la Justicia y que nadie puede evadir la Ley para siempre.
“Siempre han tenido una lógica y una racionalidad completamente diferente a aquellos sectores que reivindican necesidades postergadas por muchas décadas”, dijo Lupo. Según el ministro, estos actos “están en un plan completamente diferente a lo que es avanzar en democracia” y son impulsados por un “líder cocalero” protegido en la zona.
La autoridad aseguró que el Gobierno controlará la situación mediante “las medidas de los organismos de seguridad del Estado”, mientras mantiene diálogos con otros sectores que presentan demandas legítimas.
Morales atrincherado desde el 2024
Evo Morales se refugia en el Chapare, su bastión cocalero en el trópico de Cochabamba, desde aproximadamente octubre o noviembre de 2024, precisamente para evitar su detención. Allí cuenta con protección de sindicatos y comunarios leales que han montado vigilias y cercos para impedir el ingreso de fuerzas policiales.
La principal orden de aprehensión activa deriva de un caso de trata de personas agravada, vinculado a una denuncia por presunta relación con una menor de 15 años (hacia 2015), del que habría nacido una hija en 2016. La Fiscalía imputó formalmente a Morales en diciembre de 2024 tras su inasistencia a declarar, lo que derivó en orden de captura y alerta migratoria.
En 2026, la Justicia lo declaró en rebeldía por no presentarse a juicio oral, reforzando las medidas en su contra. Acumula además procesos por sedición, terrorismo, fraude electoral y corrupción, entre otros.
Los bloqueos impulsados por sectores afines a Morales han sido recurrentes desde su salida del poder en 2019, pero se intensificaron en 2025 y 2026 en medio de la crisis política. En el contexto actual, estas medidas han generado decenas de puntos de interrupción vial, aislando regiones como Cochabamba y Santa Cruz, y afectando el suministro a La Paz.
Solo en periodos recientes de protestas, las pérdidas han alcanzado cientos de millones de dólares. Estimaciones de mayo de 2026 hablan de alrededor de 500 millones de dólares en dos semanas por afectaciones a exportadores, importadores, ganaderos, turismo e industria.
