Edman Lara confirmó que se abrieron dos procedimiento, uno por responsabilidades y otro por lo penal. Foto: Twitter
El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, reveló que inició un proceso de juicio de responsabilidades contra el expresidente, Luis Arce. El caso se abrió por daños al Estado y patrimonio público.
"He instruido al departamento jurídico de la Vicepresidencia a iniciar los procesos penales al expresidente Luis Arce Catacora. Va a responder por todo el daño que le hizo al país. También vamos a promover un juicio de responsabilidades. Luis Arce no se va a salvar, así como no se salvarán todos los corruptos que hicieron daño al país", precisó Lara a través de su perfil de TikTok.
En ese sentido, explicó que el proceso no solo "arropará al expresidente", sino que también incluirá a las exautoridades vinculadas a las instituciones públicas.
“Nadie quedará impune. No tengo sed de venganza, pero sí de justicia, y los corruptos deben presentarse ante la justicia”, afirmó Lara.
¿Quiénes más serán incluidos en el proceso legal?
Lara señaló a la gestión de Arce de "encarcelar a gente inocente" y de "robarse los recursos del país". Aseguró que los procesos judiciales se abrirán en la proporción y medida de la participación, en contra del exministro de Gobierno y excandidato presidencial, Eduardo Del Castillo; el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera y el excomandante de la Policía, Juan Russo.
El proceso combina mecanismos constitucionales y penales bolivianos, regulados por la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley del Órgano Judicial según lo establecido en un juicio de responsabilidades contra un exmandatario.
El video, que duró aproximadamente un minuto, acumuló miles de vistas en horas y generó reacciones divididas; algunos usuarios en apoyo de sectores afines al gobierno de Paz por su énfasis en justicia, y críticas de opositores que lo ven como persecución política en contra de la izquierda.
Hay que resaltar que el nuevo Gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara tomó posesión del cargo el pasado 8 de noviembre y durante los primeros informes técnicos, aseguran que existe un daño económico al Estado superior a los 15.000 millones de dólares, derivado de desfalcos, deudas no registradas, compras irregulares y malversación de fondos.
Paz ha calificado esta situación como una "cloaca de dimensiones extraordinarias" en la administración pública, con énfasis en que las cifras podrían aumentar a medida que avanza la "autopsia" de las cuentas. Estas cifras se basan en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB) y auditorías internas iniciadas por el nuevo Ejecutivo.
