Por: Willmary Montilla • Bolivia.com

Fiscalía General pidió 30 años de prisión para Jeanine Áñez por Senkata y Sacaba

La acusación y petición de privativa de libertad por 30 años también "arropa" a los colaboradores de la expresidenta Jeanine Áñez. 

Actualización
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, pidió 30 años de prisión para Jeanine Áñez y sus colaboradores. Foto: www.fiscalia.gob.bo
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, pidió 30 años de prisión para Jeanine Áñez y sus colaboradores. Foto: www.fiscalia.gob.bo

La acusación y petición de privativa de libertad por 30 años también "arropa" a los colaboradores de la expresidenta Jeanine Áñez. 

La Fiscalía General del Estado pidió acusación formal por "genocidio" para la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y para sus colaboradores, por su presunta participación en los casos de Senkata y Sacaba donde perdieron la vida 20 personas en el contexto social de noviembre de 2019. 

Los casos de Senkata y Sacaba investigan los posibles hechos de represión militar y policial en contra de los manifestantes que salieron a las calles ese noviembre de 2019; cuando las personas defendían el voto soberano y cuando Jeanine Áñez era la presidenta de Bolivia. 

La versión que explicó el Fiscal del Estado, Juan Lanchipa, es que Áñez asumió la presidencia sin existir un hilo constitucional para que ella fuese la presidenta. Mientras los protestantes salieron a ejecer su derecho a la protesta, se generaron conflictos sociales. En Sacaba, se investigan los hechos de posible "represión" en los que fallecieron 10 personas en el puente Huayllani. 

La Fiscalía sostiene que se ordenó la "represión" de las protestas sin mediar, previamente. Lanchipa asegura que Áñez tomó el mando de las Fuerzas Armas y el control absoluto de los operativos en los que murieron las personas. 

“Estos hechos de igual forma, se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba colectados en el curso de la investigación y que forman parte del legajo probatorio ofrecido en el requerimiento conclusivo por parte el Ministerio Público, habiéndose procedido a recabar en este caso, alrededor de 450 pruebas documentales, 25 Dictámenes Periciales, 11 Informes Técnicos de Investigación, y la recepción de 126 entrevistas 40  informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas informativas de efectivos policiales, 50 entrevistas informativas a víctimas y 8 entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros”, sostuvo Lanchipa.

También se pide la privativa de libertad para los colaboradores de Áñez en ese contexto social y política de 2019: sus exministros Luis Fernando López, Arturo Murillo; Sergio Carlos Orellana, exjefe del Estado Mayor; Ciro Orlando Álvarez Guzmán, excomandante de la Armada; Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Arturo Guerra, excomandante de la Fuerza Aérea; Moisés Orlando Mejía Heredia; excomandante del Ejército; Aldo Bravo Méndez. 

Por su parte, en el caso Senkata; se acusa a los responsables de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a los oficiales de las Fuerzas Armadas al mando de los operativos y la Policía. Los nombres que resalta son excomandante de la Mecanizada; Julio César Tamayo Rivera, excomandante departamental de La Paz; Iván Rojas,  exsubjefe del Departamento Tercero Logística; Miguel Eduardo Santiesteban, exsubcomandante de la Escuela de Cóndores; Rodolfo Antonio Montero, subcomandante del regimiento de satinadores; Alfredo Mario Irrazabal y el excomandante de la Policía; Julio William Cordero.