Ministro Público amplía proceso penal contra Jeanine Áñez por Senkata

El Ministerio Público amplió los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves derivados del contexto social que terminó la masacre de Senkata que dejó 10 personas fallecidas el pasado 19 de noviembre de 2019. 

“Sin embargo, posterior a la salida del convoy de cisternas, grupos de personas provistas de palos, piedras y petardos agudizaron sus protestas en inmediaciones de la planta, hecho que generó la caída de muros perimetrales colindantes con la carretera La Paz-Oruro”, detalla el informe oficial. 

Cabe resaltar que Áñez y sus ministros firmaron un Decreto Supremo 4078; que eximió los juicios penales de los efectivos militares que luego concluyó los operativos y sucesivas masacres en La Paz y Cochabamba. 

Por este caso, la comisión de fiscales amplió el proceso que el 19 de noviembre de 2019; que se ejecutó el Plan Sebastián Pagador que consistía en tomar el control de la planta estatal del gas de licuado y almacenamiento de carburantes en Senkata. 

“Se registró un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego y lesiones por elemento confuso perforante, así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego”, reza el Ministerio Público. 

Los peritos forenses determinaron que dos personas que fallecieron por impactos de arma calibre 9mm, un fallecido con calibre 5,56 y dos por calibre 22.  Con estos hechos, el Ministerio Público consideró que durante el mandato hubo represión de las fuerzas públicas.  

“En absoluta violación y desprecio de los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”, precisó el Ministerio Público. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue la primera organización en investigar los sucesos, consideró los hechos en Sacaba, como masacres, que concluyeron con 11 fallecidos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que la misión de observación de tres semanas que el gobierno incurrió en las graves lesiones "a los derechos humanos" durante las protestas en noviembre 2013.