En octubre la Fiscalía podría presentar la imputación formal contra Jeanine Añez por el caso Senkata

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el plazo procesal de las investigaciones por los hechos ocurridos en Senkata en el año 2019 culmina en octubre, por lo que se prevé que la imputación formal contra Jeanine Añez sea presente el siguiente mes.

“Tenemos un plazo que se vence el mes de octubre. En el caso Senkata, la acusación tiene que presentarse (…), el Ministerio Público tiene que cumplir con los plazos que señala el Código de Procedimiento Penal y la acusación debería presentarse en las próximas semanas”, dijo el ministro de Justicia.

Anteriormente el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, había adelantado que los juicios contra la expresidenta, por los casos Senkata y Sacaba podrían iniciar en octubre, pues la Fiscalía se encontraba en la etepa final de la investigación.

Por el caso Senkata, Añez es imputada por una serie de delitos, entre los que figuran genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en grado de autoría. Añez será procesada por la vía ordinaria.

Según la Fiscalía, las acusaciones contra Jeanine Añez se basan en la emisión del Decreto Supremo (DS) 4078, que habilitó las operaciones conjuntas tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Boliviana, frente a las protestas que se generaron luego de la salida del expresidente Evo Morales.

De acuerdo con el ministro Lima, la acusación debe efectuarse durante la primera quincena de octubre, para que el caso Senkata sea llevado a un juicio oral por la vía ordinaria.

Cabe señalar que Añez también es imputada por el caso Golpe de Estado I, por el cual permanece con detención preventiva. Sin embargo, la exmandataria cuenta con una sentencia de 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II. A esto se le suman los casos Senkata y Sacaba.

Caso Senkata

En noviembre de 2019 las protestas en el país habían alcanzado su punto más álgido, tras la renuncia de Evo Morales. Fue entonces, cuando manifestantes de la ciudad de El Alto, con el uso de dinamitas, provocaron el desplome de una pasarela peatonal.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, los manifestantes habían intentado ingresar a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), supuestamente para causar un estallido con bombas molotov y dinamitas.

Debido a esto, el Gobierno permitió la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En los enfrentamientos 11 personas perdieron la vida y se reportaron 78 heridos.