Magistrado Carlos Alberto Calderón renunció a su cargo este 2 de enero

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Carlos Alberto Calderón, dejó su cargo este martes 2 de enero. Calderón presentó su renuncia ante la Sala Plena tras la polémica que se generó por la prórroga del mandato. 

“Situación que genera incertidumbre, principalmente en el foro litigante, además de absoluta incomodidad y malestar como autoridad miembro del TCP de Bolivia, la misma que hace inviable la continuidad del suscrito en el cargo, razón que decanta en la renuncia irrevocable al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia”, añadió el magistrado saliente. 

Calderón aseguró que cumplió seis años en su cargo, como lo estipula la Constitución y que la Declaración Constitucional 044/2023 generó malentendidos y fue tergiversada de una forma "reactiva". 

De forma extraoficial, trascendió que la magistrada Elizabeth Cornejo de Tarija también habría tomado esta determinación de cesar su cargo. Aunque no se ha confirmado de forma oficial esta segunda renuncia, en caso de que ser positivo, el Tribunal Constitucional queda con siete magistrados. 

Mientras tanto, la oposición persiste en que los magistrados que se mantengan más tiempo en la prórroga sean procesados por la vía penal. En este panorama, la bancada de Comunidad Ciudadana exige a la Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie acciones contra los jueces por usurpación de funciones. 

“Le exigimos que de manera inmediata, a partir del miércoles 3 de enero, se inicien, de oficio, acciones penales por usurpación de funciones en contra de todos los magistrados del Órgano Judicial que abusaron de su cargo, atropellando y desconociendo la Constitución Política del Estado mediante una ‘autoprórroga’ que se constituye en un golpe judicial y a la democracia, nunca antes visto”, denunció el jefe de CC, Enrique Urquidi. 

Por su parte, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, aseguró que la extensión del período de funciones de los magistrados es ilegal y constituye una falta a la Constitución. 

“Desde hoy los Magistrados del Órgano Judicial ya no ejercen legalmente sus funciones; su decisión de prorrogarse vulnera la Constitución y genera una crisis institucional. La bancada de CC exige al Fiscal iniciar la acción penal contra las ex autoridades que se niegan a entregar sus cargos”, escribió Mesa. 

Adicionalmente, los opositores aseguran que cada día que un magistrado pasa en el cargo después del 2 de enero es un día que "usurpan funciones" y es un delito que implica privación de la libertad de entre 4 y 8 años.