Romero pide pruebas de balística para precisar quién disparó a mineros

El gobierno del presidente Evo Morales pidió a la Fiscalía de Bolivia investigar el origen de los disparos que segaron la vida de 2 mineros en las localidades de Sayari y Bombeo donde la Policía pugnó por evitar varias veces el corte de la principal carretera del país, tomada en varios puntos por manifestantes privados.

El Ministerio de Gobierno "solicitó a la Fiscalía que se practique de manera inmediata un examen médico forense y una pericia de balística para determinar objetivamente las causas y autoría de ese deceso", puntualiza un comunicado del Ministerio de Gobierno enviado a la ABI.

El Gobierno otorgó garantías de que la Policía, destacada para evitar el cierre de la vía de 900 km por la que transita el grueso del comercio exterior boliviano y de viajeros, no empleó munición letal en sus aprestos disuasivos sino, únicamente, gases lacrimógenos.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), que estimula la protesta y apoyó decididamente en principio y luego a medias a la administración Morales, se lanzó de inopinadamente el martes a los principales caminos bolivianos para presionar al Gobierno más concesiones mineras, la revocatoria de impuestos a la importación de maquinaria, rechazo a la sindicalización de sus trabajadores y subvención a la electricidad que sus afiliados utilizan en las explotaciones.

Pero, principalmente y a contrapelo de la Constitución, la inserción de privados foráneos en las actividades pequeñas y medianas de la minería nacional.

Antes que el secretario de Tesorería de la Fencomin, Cecilio Alanez, reportara a media tarde el fallecimiento por bala del cooperativista Fermín Mamani en la localidad de Sayari, Cochabamba (centro), el Gobierno había denunciado en la protesta repentina un tufillo conspirativo.

El Ministerio de Gobierno rechazó de manera enfática las acusaciones "políticas, temerarias e infundadas" detrás de la protesta.

"Este Ministerio reitera que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió esta mañana (miércoles) que según informes de inteligencia, los cooperativistas mineros buscaban provocar una baja y habían logrado distribuir 10 fusiles máuser ayer en la noche entre los manifestantes en la zona donde se registró ese hecho de sangre", remarca un comunicado oficial.

Remarcó que el Plan de Operaciones de la Policía no contempla el uso de armas letales y aseguró que el Comando General de esa institución del orden instruyó y verificó que se revisen las mochilas de todos los policías que participaron en los operativos de desbloqueo hasta certificar que no llevaban armas de fuego.

Al final del día, Alanes, reportó la muerte de un segundo cooperativista minero, de 45 años de edad que, dijo, recibió un disparo en la cabeza, cuando participaba en el bloqueo en la localidad de Bombeo, sobre la carretera Cochabamba - Oruro.

Medios locales barruntaron sobre la posibilidad de un francotirador.

"Hacemos conocer oficialmente el deceso de un segundo compañero en la ciudad de Cochabamba. El compañero Severino Ichota Poma que pertenece a la Cooperativa Minera Progreso Cami Limitada de la Sección Patiño, ha sido acribillado ha sido disparado por un arma de fuego que suponemos que ha sido por un franco tirador porque el impacto de bala ha sido directamente en la frente y ha salido por la nuca", explicó públicamente Alanes.

Cerca de Panduro, a 180 km de La Paz, donde la Policía bregó todo el día con mineros manifestantes por evitar el cierre de la vía que conecta de este a oeste Bolivia, Bombeo se halla a 76 km de la ciudad central de Cochabamba.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció de político y apegado a los postulados de la oposición a Morales el fondo de la protesta.

"Vemos que otra vez se convoca a bloquear caminos, se agrede a periodistas, se actúa con violencia y de forma desmedida y se comunican  para utilizar fusiles, se configura en acción política y conspirativa", señaló en conferencia de prensa temprano el miércoles.

A nombre de la Fencomín, Alanes dijo que su sector cargaría con todo contra el Gobierno, que ha dejado bajo la tuición de la justicia a 10 mineros  recluidos la semana pasada en el penal de San Pedro por destrozos a la propiedad pública y privada y por atacar incluso con explosivos a la fuerza pública.

Un grupo de cooperativistas mineros atacó el miércoles la Radio Andina del pueblo Challuma, en el departamento de Cochabamba, al tiempo de comenzar el bloqueo de la carretera hacia Oruro, y prohibió al personal que transmita esa movilización, denunció Anacleto Mollo, reportero de ese medio de comunicación.

"Nos han lanzado dinamita, pero por suerte no dañó nuestro edificio, y también piedras (...). Han prohibido a la radio hablar también del tema", dijo tras huir de la zona de conflicto hasta la capital de Cochabamba.

Mollo explicó que la radioemisora rural decidió reemplazar su programación habitual por música para evitar que los cooperativistas mineros vuelvan a atacarlos.

"Yo creo que nos han amenazado porque piensan que les podemos vender (delatar) o que vamos a hablar en contra de ellos. Es un exceso, porque desconocen que como medio de comunicación tenemos que brindar información al pueblo", agregó.

ABI