Nacionalización busca tapar escándalos de corrupción, según oposición

Morales decretó este sábado por sorpresa la expropiación de las acciones de Iberdrola en las distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz, Electropaz, y Oruro, Elfeo, además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones.

En declaraciones a Efe, la senadora Centa Rek, de la conservadora Convergencia Nacional, consideró que se trata de una "estrategia" del Gobierno para "distraer la atención" del caso de la red de corrupción que estalló hace un mes y que, a su juicio, "es más grave de lo que se sabe hasta el momento".

"Es clarísima la estrategia. No sé si se ha hecho (la nacionalización) haciendo cifras y viendo el beneficio que trae al país más que subsanar el costo político. A este país, el tapar las situaciones políticas le está llevando un costo muy grande", agregó.

El Movimiento sin Miedo (MSM), que fue aliado de Morales hasta 2010, opinó en un comunicado que se trata de "una cortina de humo para cubrir el 'macroescándalo' de la red de extorsión descubierta en el seno mismo del Gobierno de Morales y que está debilitando su imagen a nivel nacional e internacional".

"La medida improvisada y coyunturalista asumida por Morales (...) aparece como una nueva y millonaria adquisición de acciones a plazos diferidos que luego se convierten en un incremento de la deuda externa del Estado con compañías o consorcios extranjeros que invirtieron en rubros (sectores) estratégicos", agrega la nota.

Tanto Rek como el MSM coincidieron en que el Ejecutivo también ha intentado desviar la atención de la recién destapada red de extorsión reavivando en los últimos días la controversia con Chile por la demanda de una salida soberana al océano Pacífico.

El analista económico Julio Alvarado opinó que la nueva expropiación "no era necesaria" y "es un show político que hace el gobierno del presidente Evo Morales para tapar el terrible caso de corrupción que afecta a altas esferas del Gobierno".

Alvarado dijo a Efe que la justificación que dio el Gobierno para la expropiación "no corresponde a la realidad" porque ya existe una entidad -la Autoridad de Control y Fiscalización de Electricidad- encargada de fijar y regular las tarifas.

Añadió que, además, el mismo Ejecutivo de Morales aprobó en 2006 la llamada "Tarifa Dignidad", para que las familias de bajos recursos tengan acceso al servicio eléctrico con menores costes.

"Lo peor, como en anteriores ocasiones, es que se realiza un gran despliegue policial y militar, como si las empresas fueran simples delincuentes, y eso da una muy mala imagen del país a nivel internacional", aseveró.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, dijo a Efe que la medida "va con la tónica del Gobierno de estatalizar los servicios básicos", pero que "no es la mejor señal que se manda al mundo".

Morales ya expropió en mayo pasado las acciones de Red Eléctrica de España (REE) en una transportadora de electricidad, en momentos en que afrontaba fuertes conflictos con sindicatos e indígenas. EFE