El cantante Julio Iglesias, quien tiene 84 años, fue denunciado ante las autoridades. Foto: Twitter Capturas videos.
Dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias rompieron el silencio este martes 13 de enero tras denunciarlo por presuntos abusos. Los hechos se registraron en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.
"A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible". Así describe una extrabajadora la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, tras la difícil experiencia que vivió.
La investigación fue difundida por el Diario.es y Univisión Noticias, tras tres años de investigación, el medio español aseguró que conversaron con 15 personas que trabajaron en las casas del cantante durante los años 90 y 2023.
Los hechos -que incluyen episodios de acoso, agresiones y violencia sexual, según el relato de las víctimas: una empleada del hogar y una fisioterapeuta- tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal.
Las mujeres relatan que trabajaban en régimen interno, sin contratos escritos, y que Iglesias ejercía presión a través de jefas intermedias para que accedieran a sus demandas sexuales. El ambiente se describe como de "control y acoso continuo", con insultos, vejaciones públicas y exámenes médicos obligatorios, incluyendo pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual.
Una de las empleadas identificada como "Rebeca" en los documentos judiciales describió encuentros sexuales no consentidos casi diarios después de su jornada laboral, incluyendo penetraciones con dedos y tocamientos forzados: “Me usaba casi todas las noches”.
El artículo, firmado por nueve periodistas de los dos medios, asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales tras las acusaciones de las mujeres.
Las mujeres han denunciado a Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias, aun en estado muy preliminar y que se mantienen en secreto, para analizarla, según informan fuentes fiscales y legales sobre el caso.
Después de que se conocieran las denuncias, el Gobierno español ha pedido que se llegue "hasta el final" en la investigación de los hechos para que no quede "ningún espacio de impunidad".
Según la legislación española, los tribunales españoles tienen competencia para investigar delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fuesen españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad.
