La polémica que se generó con la corrupción en la AFA se convirtió en tendencia. Foto: EFE
Este martes 9 de diciembre, la Justicia de Argentina ordenó los allanamientos de las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de otros 17 clubes, por presunto lavado de dinero a través de una entidad financiera.
El juez federal Luis Armella firmó un requerimiento de información para las fuerzas policiales que acudieron a las sedes centrales de la AFA y de la Superliga de Primera División, así como de los clubes Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central, todos ellos de Primera.
La investigación y los allanamientos alcanzó incluso al predio de entrenamiento de la selección argentina, en la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), que lleva el nombre de Lionel Messi, donde los planteles de la Albiceleste de todas las categorías se alojan y trabajan con vistas a sus compromisos.
Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección General Impositiva (DGI). La institución financiera investigada es reconocida como Sur Finanzas, que buscó en los equipos del fútbol argentino una actividad legal como maniobras para el lavado de activos.
Durante los allanamientos, se secuestraron documentación contable, contratos, computadoras, celulares y otros equipos electrónicos para analizar transacciones sospechosas. La fiscal solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes para profundizar la pesquisa, y se dispusieron embargos preventivos sobre bienes de los investigados para evitar vaciamiento de activos que provienen del lavado.
¿De dónde salió Sur Finanzas?
La entidad financiera es una empresa de servicios financieros dirigida por Ariel Vallejo, financiero cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Sur Finanzas es un sponsor principal de torneos de la AFA y clubes, pero la investigación apunta a que sirvió como vehículo para blanquear fondos ilícitos estimados en más de 818 mil millones de pesos argentinos (el equivalente a unos 550 millones de dólares al tipo de cambio oficial).
La financiera otorgaba préstamos a clubes sin respaldo real, involucrando a "monotributistas sin capacidad económica" y personas en listas de emisores de facturas falsas. Estos fondos se "retornaban" a Sur Finanzas mediante retenciones en derechos de televisación, marketing y patrocinios, simulando operaciones legítimas.
La denuncia fue presentada por la Dirección General Impositiva del Gobierno nacional, e impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, quien también exigió que se levante el secreto fiscal de los clubes para investigar la relación financiera de esas entidades con la financiera.
