Una lamentable aunque no sorpresiva noticia fue difundida el 29/12, ratificando lo prometido en la campaña electoral: el gobierno electo anunció la abrogación de la Ley de Reforma Educativa. O sea, este nuevo equipo, que quiere dirigir el país hacia tiempos mejores, dice que anulará la Ley 1565 de Reforma Educativa del 7 de julio de 1994. La sola idea es alarmante.
Recordemos un poco esa Ley, como para que nos quede bien claro qué es lo que quieren abrogar quienes están bajo el mando del futuro Presidente del país, un hombre aimara, que vivió entre quechuas y que lleva la lucha indígena como una de sus mayores banderas (¡luego veamos si esto no es una contradicción flagrante!).
LA LEY 1565
La Ley 1565 es la ley de la educación intercultural bilingüe, de la participación social en educación, de los proyectos educativos gestionados en escuelas y en distritos indígenas para que las decisiones sobre lo que necesita una escuela no se tomen en una oficina en La Paz; es la ley que creó los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPO); que permite y exige a un/a maestro/a pensar, ser creativo, actualizarse, ser más autónomo y con iniciativa en su trabajo, o sea un intelectual.
Es la ley que establece que niños y niñas con discapacidades tienen derecho a una buena educación y a ser integrados en la escuela, que por fin incorpora a la discusión en las aulas temas como el cuidado del medio ambiente, la salud y la sexualidad, la lucha por el respeto y la igualdad de género, y el fortalecimiento de la democracia; es la ley que quiere que se escuche lo que un o una alumno o alumna tiene que decir; que se le permita hacer preguntas, tener dudas, opiniones e ideas diferentes.
Es la ley que quiere mejorar todo el sistema educativo (aún no lo ha logrado), que sugiere que las universidades, que tanto dinero reciben, ayuden a mejorar la calidad de la formación docente (¡bravo!), que obliga al Estado a mejorar permanentemente la educación porque establece un currículo abierto y flexible que siempre se mejora y actualiza. Es la ley bajo la cual se implementaron muchas acciones de mejoramiento y se empezaron a registrar mejoras en los resultados educativos. Según diversos expertos, es la política educativa que un país multicultural y plurilingüe requiere.
Es mucho más que una simple ley. Con esto no vamos a ganar más o menos plata, ni cobrar otro impuesto. Con esta ley somos todos reconocidos como
personas con el mismo derecho a una educación pertinente a nuestras características y necesidades. Con esta ley ya no tenemos que tratar de ser blancos y castellano hablantes.
La Ley 1565 transformó el concepto de educación en Bolivia y eso se logró con el impulso, apoyo y presión de los pueblos indígenas y otros movimientos sociales, incluido el magisterio rural, que se hicieron oír y escribieron sus propuestas en los años 80 y 90.
Aun así, el actual —parece que autonombrado— vocero para el sector, Noel Aguirre, anunció, la noche del 29/12 en PAT, la venidera abrogación.
¿Volveremos al Código de 1955? Es que cuando se abroga una ley se la debe reemplazar con otra. ¿Será que esta gente sabe que esa norma de 50 años atrás aboga por el mestizaje o el “blanqueamiento” para que seamos todos iguales y, claro, por la castellanización que tan nefastos resultados tuvo?
¿O será que tienen una nueva ley bajo la manga que recoge las propuestas de los ocho precongresos departamentales y los talleres regionales? Y es que entre fines de 2003 y 2004 se reunieron representantes de todos los sectores —sociedad civil, magisterio, indígenas, Iglesia, academia y hasta los militares— (todos participaron, menos, obvio, la Federación de Maestros Urbanos guiados por la cúpula paceña, léase: los troskos en pleno) para discutir “lo bueno, lo malo y lo feo” en educación. En total, 6.000 personas trabajaron en talleres y dieron sus opiniones, sugerencias, críticas y propuestas. (Dar continuidad a la Educación Intercultural Bilingüe, EIB, fue una de las conclusiones apoyadas en todos los departamentos. La abrogación o modificación de la Ley 1565 no se llegó a definir; ésa era tarea de la fase final. Los indígenas llevaron un documento concertado desde las bases con su propia propuesta educativa).
Pero no se llegó a hacer el Congreso Nacional de Educación, previsto para fines de 2004, porque el magisterio urbano “no había estado de acuerdo” en participar: porque no tenía suficiente gente adentro; no quería que fueran tantos los representantes indígenas y tan pocos ellos; no tenía ganas de trabajar y romperse el cerebro creando propuestas y caminos viables; porque no quiere cambiar; porque lo único que le importa es ganar más y hacer menos; por eso grita para que se abrogue la Ley. Su trillado discurso de los 70, de que la ley es una imposición del FMI o una receta del “imperialismo yanqui”, está completamente fuera de lugar. ¡Si fuese una imposición del
FMI, de los bancos o de lo que tan fácilmente catalogan como neoliberal, entonces no sería una ley de EIB con participación comunitaria! La EIB fue y es una reivindicación latinoamericana e indígena.
¿Se comienza a entender el por qué de mi susto? Ésta es la gente que paró el proceso de consulta nacional. Todos querían discutir y mejorar. Ellos no. Ellos pusieron su jeta y no dialogaron. Ahora quieren decidir y mandar. ¡Por favor, no seamos ciegos/as; el hecho de ser sindicato no asegura que sea gente buena, capaz, trabajadora y democrática!
No pretendo defender a rajatabla la Ley porque, como todo en esta vida, está claro que puede ser superada, mejorada, discutida y hasta abrogada, ¡pero sólo tras un amplio y serio proceso de análisis y reflexión! Y me parece que no se está partiendo del reconocimiento (y esto sí lo defiendo a rajatabla) de la importancia de esta Ley en la historia del país. Sin este paso previo no se puede rescatar los avances positivos, sobre los cuales se debe continuar construyendo.
Los datos estadísticos son claros: la Reforma Educativa ha contribuido en la mejora de la educación pública. Los estudiantes están en la escuela por más años; la cobertura de la primaria aumentó en 20 por ciento en los 10 últimos años y ya no hay la diferencia que había entre niñas y niños; los chicos y chicas logran mejores resultados en sus exámenes; las comunidades indígenas están participando más en la gestión escolar; hay menos abandono y mejoraron las tasas de promoción. ¿Esto lo quieren negar? ¿Será que todos los sectores y todo lo hecho fue malo? No, no lo fue. Estos datos lo prueban.
Es obvio que falta muchísimo camino por recorrer y en esto debería concentrarse el nuevo gobierno para ver si amerita una nueva ley o no.
Una cosa más. Esto de que Evo Morales ganara la elección de la forma arrasadora en que lo hizo, ¿será sólo porque hizo una genial campaña? ¿No tiene nada que ver con el hecho de que desde hace 10 años se está luchando en las escuelas por valorar y fortalecer las culturas y lenguas de los pueblos y la gente indígena? ¿No será que sirvió de algo el trabajo realizado en 3.000 escuelas bilingües (22 por ciento del total), con 9.000 maestros, 192.000 alumnos/as indígenas, sus familias y sus comunidades en 314 municipios, y que contó con la ayuda permanente de los CEPO? Yo estoy segura de que sí hubo contribución; pudo ser indirecta o aun bastante tenue, pero la hubo.
Por eso aposté a la Reforma Educativa
boliviana, porque abrió el camino para una educación que promueve el respeto a las diferencias —sean cuales fueren—, valora a las personas, fomenta la lucha por los derechos humanos, por la equidad y contra la injusticia. Creo que la gente que eligió al MAS, en buena parte, está diciendo algo por el estilo.
Bolivia tiene una ley acorde a su realidad social, cultural y lingüística, y centrada en hacer justicia con los pueblos indígenas (si no me creen, indaguen sobre el concepto que hay en casi toda América Latina sobre lo avanzada que es la propuesta educativa boliviana). El país no puede permitir que se vuelva a una educación autoritaria, tradicional, discriminadora, bajo la hegemonía de unos pocos dirigentes del magisterio, movidos por sus ansias de poder y sus intereses personales.
Recuerdo que en 1994 se tuvo que depurar las listas de maestros, escuelas y alumnos porque había un montón de fantasmas —gente inexistente— cobrando sueldos del Estado. ¿Quién estaba a cargo del Ministerio cuando se crearon esas listas y planillas de pago? El magisterio. Ellos mismos creaban ítems para cobrarlos después. Antes de 1994, nadie podía criticar, controlar, reclamar, dudar, ni hacer nada que cuestionara a los maestros o maestras porque eran los reyes (y reinas) del sector; tenían el monopolio. Por eso odiaron tanto la ley que les arrebató el poder.
Y por eso quieren abrogar la Ley 1565 y volver atrás, al monopolio (¿monarquía?) del sindicato. Si esto sucede, agarrémonos fuerte porque no será un simple “cucharonazo” el que nos golpeará en la cabeza; será mucho peor.
Si pudiera, pediría a gritos al Presidente electo y a la gente del MAS: ¡no dejen que sigan dañando la educación! Que no se vuelva a las manos de los golpeadores de los niños que “hablan diferente”, a los impulsores del autoritarismo en aula; no dejen que demagogos extemporáneos que nunca aportaron dentro del Estado nos lleven por mal camino; no dejen que la fracción más ruidosa, más autoritaria, más retrógrada y más conservadora del sindicato imponga sus ideas por encima de las propuestas concertadas en consultas nacionales y democráticas; no dejen que abroguen la Ley de Reforma Educativa —un logro de la lucha de los pueblos indígenas, que ha permitido generar muchas mejoras en las escuelas— sin antes conocer en detalle exactamente qué tiene de bueno y de malo esa Ley. La autora es Magíster en Educación y ex funcionaria del Ministerio de Educación.
