El presidente Rodrigo Paz rechazó la violencia y tomó una postura más firme. Foto: EFE
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, cambió de postura con respecto a la violencia en los bloqueos y aseveró que "no le daré un muerto más" a Evo Morales, quien mantiene al país en una crisis social con más de 20 días de bloqueos.
“Lo que no se merece Evo es una muerte más. Durante sus 20 años tuvo 180 muertos, fue un país de mano dura bajo su mandato y muchos juicios. Nos comprometemos, este señor va a acabar en la justicia. Lo que no le puedo otorgar a este señor es un muerto más”, precisó Paz Pereira.
El presidente Paz ha sido ampliamente criticado por no tener una postura más firme con el sector indígena y los seguidores de Evo Morales. Las protestas, con decenas de puntos de bloqueo activos principalmente en el occidente del país, han dejado al menos cuatro víctimas mortales asociadas a la imposibilidad de acceder a la atención médica oportuna, según reportes oficiales.
El Gobierno atribuye estas movilizaciones a un intento de desestabilización liderado desde el Chapare por Morales y sus bases cocaleras. Morales, por su parte, ha exigido la convocatoria de elecciones en 90 días y una transición, advirtiendo que de lo contrario podría haber más muertes.
Orden de aprehensión activa
Evo Morales enfrenta una orden de captura vigente emitida por la justicia boliviana. El 11 de mayo de 2026, un juez en Tarija lo declaró en rebeldía por no presentarse al inicio de su juicio, lo que reactivó y reforzó la orden de aprehensión.
El principal caso se refiere a la acusación de trata agravada de personas, relacionada con presuntos hechos ocurridos durante su presidencia. Según la Fiscalía, Morales habría mantenido una relación con una menor de 15 años, con quien se alega tuvo una hija en 2016.
La imputación incluye a los padres de la víctima por presuntamente consentir la relación a cambio de favores. La Fiscalía ha reunido más de 170 pruebas y solicita una pena de hasta 20 años de prisión.
Morales se encuentra resguardado en el Chapare (Cochabamba), su bastión político, donde seguidores cocaleros lo protegen. Ha calificado todo el proceso como “persecución política”. La orden de aprehensión y arraigo sigue activa, y su ejecución depende de las fuerzas de seguridad en el momento que consideren oportuno, según ha indicado el Ministerio Público.
