El bono Pepe tiene una vigencia de 12 meses. Foto: Shutterstock
En el marco del Decreto Supremo 5503 se conoce que el Gobierno de Rodrigo Paz estableció un bono mensual denominado Programa Extraordinario De Protección Y Equidad (Pepe) de Bs. 150 que está dirigido a las familias vulnerables.
Este bono, llamado Programa Extraordinario de Protección y Equidad o también denominado bono Pepe está destinado a familias vulnerables y de bajos ingresos. El bono Pepe tiene una vigencia de 12 meses y contempla transferencias monetarias mensuales con el objetivo de mitigar el impacto económico de las nuevas medidas en los sectores vulnerables.
¿De qué se trata el bono Pepe?
De acuerdo con la norma, este bono contempla una transferencia de Bs. 150 mensualmente a los beneficiarios hasta que se alcance un máximo anual de Bs. 450. El Decreto Supremo 5503 lo estipula de esta manera.
Sobre quienes lo recibirán, se conoce que se trata de mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy de Padilla al 30 de noviembre de 2025, también recibirán el bono Pepe quienes tengan una discapacidad visual o quienes perciben el Bono de Indigencia al 15 de diciembre de 2025.
También recibirán el bono Pepe quienes sufran de una discapacidad grave o muy grave y que estén registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) al 30 de noviembre de 2025.
Sumado a esto recibirán este beneficio los adultos mayores que reciben la Renta Universal de Vejez o Renta Dignidad, pero que no sean rentistas, es decir que no acceden a la jubilación.
¿Cómo se pagará?
Según señala el decreto 5503 los beneficiarios podrán cobrar dicho bono entre enero y abril del 2026, es decir un periodo de cuatro meses, luego el Gobierno determinará la continuidad de un nuevo ciclo en caso de ser necesario con un nuevo registro de datos.
¿Qué más dispone el DS 5503?
De acuerdo con los anuncios del Gobierno Nacional, la norma dispone diversas medidas económicas entre ellas el retiro de la subvención de combustible, lo que ha causado protestas y rechazo de parte de algunos sectores.
De la misma manera, desde el Gobierno Nacional explicaron que la normativa establece la reducción de salarios en entidades públicas, como una forma de “apretarse el cinturón" para poder reconstruir la economía del país.
