Gobierno rechaza propuesta de inversión de filial de Abertis y Aena

"Hemos estado trabajando mucho tiempo en una propuesta, pero no estamos de acuerdo porque creemos que las inversiones que plantean son muy bajas. Son 36 millones (de dólares)", declaró el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez, según la agencia estatal ABI.

La autoridad agregó que antes de que termine febrero se tomará una posición oficial sobre las condiciones para la permanencia de Sabsa en el país o una posible nacionalización.

Sánchez replicó así al gerente de Sabsa, Anthony Alicastro, que pidió esta semana al Gobierno "definiciones" sobre la continuidad o no de su concesión para administrar los tres principales aeropuertos del país, en medio de pedidos de sindicatos y sectores afines para que el Ejecutivo expropie la empresa.

La propuesta de Sabsa es invertir los 36 millones de dólares en arreglos, ampliaciones y la modernización de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en los próximos nueve años, que es el tiempo que resta a la concesión de 25 años.

La estadounidense Airport Group International es la firma que originalmente se adjudicó el control de los aeropuertos en 1997, que transfirió dos años después a la británica TBI.

En 2004, la empresa de infraestructuras Abertis y el ente público aeroportuario español Aena adquirieron TBI con todo el paquete de aeropuertos que administraba, incluidos los tres de Bolivia.

Sabsa ha invertido en Bolivia unos 33,6 millones de dólares desde 1997 a la fecha y ha abonado otros 73 millones al Estado en el mismo periodo por los derechos de operación de las terminales aéreas.

También asumió el pago de un crédito por casi 12 millones de euros que el Estado boliviano contrató en 1997 con el Gobierno de Italia para obras en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.

Sánchez insistió en que Sabsa "no ha cumplido con las inversiones programadas", pese a tener la capacidad para hacerlo.

Alicastro ha asegurado que las inversiones de Sabsa habrían sido mayores si las tarifas aeroportuarias no estuvieran congeladas desde 2001, pese a que el contrato de concesión prevé realizar ajustes consensuados en función de la inflación.

Además de las negociaciones y pedidos de expropiación, un fiscal boliviano investiga una denuncia penal de tres representantes del sindicato contra la empresa por supuesto incumplimiento de contrato y daños al Estado, por la que la semana pasada fue registrada la sede de Sabsa en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz. EFE