Los dos gerentes fueron implicados en el caso de la gasolina contaminada con manganeso y goma. Foto: Twitter Captura video Unitel.
Autoridades confirman la aprehensión de dos gerentes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el caso de la gasolina contaminada con altos índices de manganeso y goma que generaron daños en motores de vehículos en todo el país.
Se trata de Eddy Rolando Torrico Ibáñez, gerente general de YPFB Logística, aprehendido en las oficinas de la empresa en Santa Cruz, y Nelson Alejandro Mendoza, gerente comercial de YPFB, detenido en La Paz y trasladado a dependencias policiales. Según las órdenes de aprehensión, ambos son investigados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La Fiscalía y la Policía vinculan a estos ejecutivos con presuntas irregularidades en el manejo, almacenamiento y distribución de los carburantes. Aunque las órdenes no detallan acciones individuales, el caso forma parte de una cadena de responsabilidades que ya alcanzó otro alto funcionario: Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos derivados e Industrialización de la YPFB.
Durante este fin de semana fue aprehendido y procesado: Cuéllar fue enviado a la cárcel de Palmasola durante seis meses con detención preventiva por los mismos delitos que los otros gerentes.
Fuentes oficiales del caso indican que los gerentes tendrían conocimiento o responsabilidad en la autorización de operaciones que permitieron la mezcla y distribución de combustible contaminado, a pesar de alertas previas sobre problemas en tanques de almacenamiento.
¿Cuánto fue el daño de la gasolina contaminada?
El escándalo estalló meses atrás cuando YPFB detectó goma y manganeso fuera de especificación en tanques de mezcla de gasolina y etanol, principalmente en plantas de Santa Cruz y Oruro. La estatal atribuyó inicialmente el problema a residuos de importaciones anteriores de gasolina de baja calidad, que se acumularon y desestabilizaron el producto al mezclarse con etanol.
Estimaciones iniciales de YPFB hablaban de alrededor de 2.000 vehículos en departamentos como Beni, Santa Cruz y Oruro, pero las cifras crecieron drásticamente. Hasta fechas recientes, se registraron decenas de miles de reclamos: más de 27.800 vehículos compensados y pagos que superan los 85 millones de bolivianos en indemnizaciones a través del seguro activado por la estatal.
Propietarios reportaron fallas en inyectores, sistemas de combustible y daños generales en motores, lo que generó indignación generalizada entre transportistas y conductores.
Este caso no solo expone fallas en los controles de calidad de YPFB, sino que ha generado cuestionamientos sobre la cadena de mando en la petrolera estatal. Con tres gerentes, ya bajo investigación o detenidos, la pesquisa continúa expandiéndose hacia otras instancias.
