Los gremios de los periodistas bolivianos rechazan las acciones en contra del profesional de la comunicación. Foto: Shutterstock
La Asociación Nacional de Periodistas (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) confirmaron el ataque contra un periodista en El Alto. El Gobierno expresó alarma y preocupación ante la gravedad de los hechos.
Según reportes verificados, el ataque ocurrió poco después de que el periodista cubriera un evento de una campaña electoral, y está vinculado directamente a su trabajo investigativo reciente, que había generado amenazas previas.
En los reportes preliminares refieren que el periodista -quien no fue identificado plenamente por medidas de seguridad- terminó su cobertura y pasada las 1:15 de la madrugada fue interceptado por un vehículo y posteriormente "fue secuestrado".
Durante el asalto, profirieron amenazas explícitas como: "Ahora sí, periodista de mierda, te vas a morir… ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes". Esto resalta que conocían su identidad y rol, y que el corte de la lengua fue un acto simbólico y deliberado para impedirle "hablar" o informar.
Fue trasladado aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras, donde lo agredieron físicamente. Lo estrangularon, le cortaron la lengua, lo golpearon en el rostro y costillas, y lo abandonaron en la vía pública.
Tras los hechos violentos, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Corea el mismo día del ataque y dado de alta el pasado viernes 13 de febrero. Posteriormente, se sometió a una evaluación forense.
El médico que lo atendió en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que los cortes en la lengua fueron finos e intencionales, provocados con un arma cortopunzante, y no accidentales.
Rechazo y alarma por parte del Gobierno
El Ministerio de Gobierno expresó "profunda preocupación" y "enérgica condena" al atentado, reafirmando su compromiso con la seguridad de los periodistas. Instruyó a instancias competentes para coadyuvar en la investigación y garantizar que no haya impunidad. También mostró solidaridad con la víctima, su familia y las organizaciones de prensa, enfatizando que intimidar a periodistas es inaceptable en un estado de derecho.
El sábado 14 de febrero, formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La investigación está en curso, con instrucciones del gobierno para identificar a los autores materiales e intelectuales.
“Las organizaciones de prensa sostienen que el hecho no puede interpretarse como un simple caso de inseguridad ciudadana, sino como un atentado directo contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el país”, reza el comunicado oficial del gremio periodístico tras los hechos.
