Justicia de Estados Unidos vuelve a postergar juicio de Arturo Murillo; prevén audiencia para el 23 de noviembre
Desde hace 10 meses y 20 días sólo se ha llevado a cabo una audiencia cautelar donde le leyeron los cargos y él se declaró "no culpable"; esto ocurrió en diciembre del pasado año, de ahí en adelante las audiencias han sido suspendidas una y otra vez.
Desde hace 10 meses y 20 días sólo se ha llevado a cabo una audiencia cautelar donde le leyeron los cargos y él se declaró "no culpable"; esto ocurrió en diciembre del pasado año, de ahí en adelante las audiencias han sido suspendidas una y otra vez.
La audiencia de juicio penal en contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, fue pautada, inicialmente, para el 23 de mayo, pero luego fue postergada hasta el 23 de noviembre por determinación de la justicia norteamericana, así lo informó el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
La Procuraduría, mediante un comunicado de prensa, explicó que "en un principio, se había previsto que la indicada audiencia se realizaría en el mes de mayo, sin embargo, la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida manifestó que el caso se encuentra ante la Corte bajo la moción sin oposición del acusado para continuar el juicio, agenda de señalamiento y fecha límite de declaración de culpabilidad y reconocimiento del tiempo excluible del Juicio Acelerado (Moción) que se presentó el 7 de abril de 2022, por lo que se ordena y determina que se otorga la moción".
Murillo fue detenido junto con otras cuatro personas el 21 de mayo de 2021. Desde hace 10 meses y 20 días sólo se ha llevado a cabo una audiencia cautelar donde le leyeron los cargos y él se declaró "no culpable"; esto ocurrió en diciembre del pasado año, de ahí en adelante las audiencias han sido suspendidas una y otra vez.
El exministro de Gobierno se encuentra en el Centro de Detención Federal de Miami desde 2021. Es acusado de soborno y lavado de dinero por gestionar en 2019 la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor para el Gobierno boliviano mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Es investigado por recibir sobornos para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar dinero en el caso de gases lacrimógenos.