La audiencia cautela de Luis Revilla por el sobreprecio de los PumaKatari fue programada para enero de 2023

El exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Jesús Vera, informó que el Juez Segundo Anticorrupción fijó la audiencia de medidas cautelares del exalcalde Luis Revill, para la primera semana de enero de 2023.

“Hemos estado haciendo el seguimiento como Fejuve La Paz en este caso de corrupción, que tiene inicialmente 26 millones de bolivianos de daño económico al municipio de La Paz. La audiencia está fijada para la primera semana de enero de 2023”, dijo el exdirigente en una entrevista con DTV.

Vera señaló que a partir del retorno de las vacaciones judiciales el caso continuará su curso y es ahí donde se determinará la situación de Revilla, que es imputado por el presunto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari.

De igual manera el exdirigente, explicó que después de la audiencia de medidas cautelares en contra del exalcalde paceño, se podría activar el sello azul, que Vera pidió con anterioridad, por medio de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), para dar con el paradero de Revilla, que según afirma el exdirigente, se encuentra en Brasil.

En ese mismo sentido, el denunciante, Jesús Vera, dijo que la Fejuve de La Paz, pretende recuperar los recursos que se usaron en la supuesta compra irregular de los PumaKatari.

“Lo que está haciendo la Fejuve es recuperar los recursos de los paceños, 26 millones de bolivianos que han sido puestos en manos de empresas corruptas, de funcionarios corruptos como el exalcalde Revilla, han generado malestar en las zonas y en los vecinos de La Paz”, dijo Vera.

Recordemos que el director de Interpol Bolivia, Douglas Uzquiano, informó que las autoridades judiciales de Bolivia iniciaron los trámites en Brasil, a través de la coordinación de las cancillerías, para dar con la ubicación del exalcalde de La Paz, Luis Revilla. La finalidad es extraditar a Revilla para que responda por la denuncia hecha por Vera.

Revilla es acusado de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Delitos relacionados con la presunta compra con sobreprecio de 61 buses PumaKatari en las gestiones 2012 y 2013. El sobreprecio alcanza los 26,7 millones de bolivianos.