Bolivia indignada por el caso 'bebé Alexander'. ¿Qué sucederá?

Médicos y abogados se encontraban el viernes en el ojo del huracán tras desvelarse, de boca embriagada de una juez que ordenó 20 de cárcel a un pediatría acusado de acceder a un bebé, a sabiendas de que era inocente, y ponían en cuestión a sus respectivos colegios profesionales, las instituciones, además de acentuar la sensación de larga data que la justicia en Bolivia huele a insepulto.

Mientras la política vuela en círculos bajo la canícula, el drama del médico pediatra Jhiery Fernández  crispaba al país que demandaba a los gritos su excarcelación, luego que la jueza Patricia Pacajes admitiera, sin apercibirse que era grabada en una tertulia matizada por los copetines, que ella sabía que el galeno al que mandaba a podrirse 20 años tras de rejas era perfectamente inocente.

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Médico en una casa de acogida de menores en situación de calle, Jhiery Fernández fue acusado sin pruebas de acceder al bebé Alexander de menos de un año y puesto en 2015 de patitas en la cárcel.

La familia del galeno y los dirigentes del Colegio Médico de La Paz, donde se sustanció el caso, removieron en los últimos años cielo y tierra por demostrar la inocencia de Jhiery Fernández  que sólo la desinhibición etílica de Pacajes habría de conseguirlo.

La soltura de la juez del Tribunal Décimo de Sentencia que, lejos de ser descendiente de holandeses, arremetió, con lenguaje poco ponderado contra los indios, la mitad de la población boliviana, provocó un terremoto en la muy venida a menos justicia boliviana que más desprestigiada y fétida no puede estar.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, se dio el trabajo de leer el expediente y concluyó que el galeno inculpado fue encarcelado sin pruebas. 

"El #casoAlexander carece de fundamentación de pruebas por lo que corresponde investigar no sólo a la jueza #Pacajes, sino a los otros 2 que firmaron la misma", escribió en Twitter.

Lo mismo dijo el defensor del Pueblo David Tezanos que en su tiempo había advertido que se mandaba al averno a un inocente que, lo más, pudo ser castigado por "negligencia".

La certezas de uno y otro se registraron pocas semanas después de que un especialista en oncología pediátrica extirpara el riñón sano a un niño de 3 años que padece de cáncer renal. 

El cirujano Róger Moreno fue enviado a la cárcel por decisión de la justicia que investigaba a los colaboradores de aquél en la mesa de operaciones de donde el niño Sebastián salió tan mal parado. 

Caso de los médicos bolivianos

Ese caso agitó el recuerdo que los médicos bolivianos (desde 2006 opuestos en cerrado a que los misioneros médicos cubanos, que devolvieron la vista a 800.000 bolivianos, ejerzan en Bolivia) combatieron en las calles y con los servicios médicos suspendidos entre enero y marzo últimos, la puesta en vigor de una moderna legislación penal que sancionaba la negligencia médica.

Mientras el Colegio de Médicos de La Paz amenazaba con volver a las calles si pediatra Jhiery Fernández  no era puesto en libertad, los medios de comunicación pasaron la vomitiva grabación en que la juez Pacajes involucra, en sus balbuceos, al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, a días de dejar el cargo y de refilón al fiscal de La Paz, Edwin Blanco, que terciaba por suceder al primero y que, en un rapto de verborragia, citado por el padre de Jhiery Fernández, habría advertido que el médico caído en desgracia debía "comerse" 30 años de presidio, la máxima condena que estable la legislación boliviana sin derecho a perdón judicial.

Desde la cárcel, Jhiery Fernández contó que mientras los jueces y los fiscales lo mandaban a cocerse a fuego lento en el infierno de las penitenciarías bolivianas, él "no podía creer lo que estaba pasando".

En el país en que las libaciones están a la orden del día y condenan al fracaso a generaciones de jóvenes, el caso se prestaba ya para caldo de cultivo de la política que entre 1914 y 1927 presionó al grado que un hombre, Alfredo Jáuregui, fue fusilado, por orden judicial, en un paredón acusado de matar a un presidente boliviano, José Manuel Pando, cuando tenía 12 años, edad en la que se inculpó al perder un juego de azar. Asimismo, al jalar los palillos de fósforo no marcados ni cortados,  salvaron la vida sus 2 hermanos mayores.

El legislador opositor Arturo Murillo plantó una acusación contra Guerrero por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, actuación falsa, nombramientos ilegales y uso indebido de influencias.

El pedido se basa en los dichos grabados de la juez Pacajes que desde hace días se ha dicho enferma y que, por lo tanto, no asiste a su juzgado a trabajar y menos atiende órdenes judiciales para declarar-- que entre las muchas situaciones engorrosas que planteó dijo que la forense "era chica" de Guerrero. Nada experiente, la forense en cuestión no se halla en el país.

Una dura advertencia

Los dichos de la juez parecieron afectar tanto más a Blanco que sustanció en 2015 el "caso del bebé Alexander", como lo designa la prensa local, tanto así que el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, consideró que la Fiscalía Departamental de La Paz debe "apartarse" de cualquier investigación.

La situación carcelaria del pediatra Jhiery Fernández llevó a Luis Larrea, líder de los médicos de La Paz y férreo opositor del presidente Evo Morales, a amenazar con la paralización de los servicios médicos si la justicia no devolvía la libertad al pediatra que iba a completar 4 años en presión.

"Si el lunes no lo liberan, inmediatamente nos comunicamos con los colegios médicos y convocamos a un paro", advirtió.

Históricamente ajenos a estos mejunjes, los combativos mineros bolivianos salieron a pedir una reestructuración total de la justicia.

ABI