Por: ABI • Bolivia.com

Clínica privada quiso cobrar Bs 280.000 por tratamiento de un paciente con la COVID-19

Clínica privada demandaba un pago de 280.000 bolivianos por paciente de COVID-19 que falleció.

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Intervención de la FELCC en la clínica que intentaba cobrar por encima de lo necesario. Foto: ABI
Intervención de la FELCC en la clínica que intentaba cobrar por encima de lo necesario. Foto: ABI

Clínica privada demandaba un pago de 280.000 bolivianos por paciente de COVID-19 que falleció.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este miércoles que una clínica privada pretendía cobrar Bs 280.000 por el tratamiento de un paciente con COVID-19 que, además, falleció. Los familiares denunciaron el hecho y con intervención de las autoridades de Gobierno se logró un acuerdo de cancelar menos del 50% ya que existía una diferencia inexplicable de más de 150.000 Bs.

“Hace una semana, se atendió un caso en el cual se pretendía cobrar 280.000 bolivianos a los familiares de la persona que se internó por COVID-19 y falleció. Luego, contrastando los precios se llegó a determinar una diferencia de Bs 160.000 y se logró un acuerdo que solo se tenía que pagar 120.000 bolivianos”, dijo en entrevista en Bolivia TV.

Indicó que estos casos en esta última temporada llegan a ser muy recurrentes en algunas clínicas privadas, que pretenden lucrar y aprovecharse de la situación sin importar el dolor de la gente que pierde a un ser querido.

“Hemos visto un incremento de precios de manera premeditada en algunas clínicas y hospitales, donde la diferencia es de miles de bolivianos”, acotó.

Recordó que existen precios establecidos por internación por día, tanto para clínicas privadas como públicas, estipulados por el Ministeiro de Salud y Deportes. En caso de especulación y agio, los usuarios deben denunciar el hecho.

Señaló que las denuncias pueden ser hechas a través de la línea gratuita 800100202, a Bol 110, a los servicios departamentales de salud, al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, al Ministerio de Salud y Deportes, y a los mismos municipios para los controles y fiscalización.

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