El Concejo Municipal de La Paz está pidiendo respuestas a Dockweiler tras un presunto desfalco. Foto: Twitter Captura videos.
El Concejo Municipal de La Paz denunció una presunta conducta antieconómica del alcalde de La Paz, César Dockweiler. La presidenta del Concejo, Waldy Caballero, aseguró que se pagaron "sueldos" a extrabajadores.
“Nos parece una barbaridad, estamos hablando de más de medio millón de bolivianos”, sostuvo Caballero tras una cita que recoge El Diario.
¿Sueldos a extrabajadores?
La presidenta del ente deliberante, Waldy Caballero, denunció que el burgomaestre habría autorizado el pago de sueldos correspondientes al mes de julio a más de 60 exfuncionarios de libre nombramiento, quienes ya no prestaban servicios desde el 31 de mayo.
Esta acusación se enmarca en lo que el Concejo califica como una presunta conducta antieconómica, ya que implicaría el desembolso de recursos públicos a personas que dejaron sus cargos hace más de un mes.
El pago de julio, pese a su desvinculación a finales de mayo, habría generado un perjuicio económico estimado en más de Bs. 500.000. Esta situación generó fuertes cuestionamientos desde el Concejo, que fiscaliza la gestión ejecutiva.
Ítems "fantasmas" en la pasada gestión
La denuncia se produce en un contexto de fricciones entre el alcalde Dockweiler y una mayoría opositora en el Concejo Municipal. Desde su llegada al cargo en mayo, Dockweiler ha impulsado auditorías internas y denunciado irregularidades heredadas de la gestión anterior de Iván Arias, como la presunta existencia de ítems fantasma, más de 150 detectados en auditorías iniciales y redes de corrupción en diversas áreas.
Este episodio contrasta con las acciones de la gestión Dockweiler contra presuntas irregularidades previas. En junio, el alcalde reportó más de 150 ítems fantasma y abrió procesos sumarios, estimando daños económicos significativos. “Estamos verificando toda la información para determinar responsabilidades y cuantificar el posible daño económico”, había declarado entonces.
La oposición en el Concejo, que controla la presidencia con Caballero, utiliza este caso para cuestionar la consistencia de la actual administración en el control del gasto público.
Esta denuncia por presunta conducta antieconómica podría derivar en acciones fiscales, administrativas o incluso penales si se comprueba el perjuicio al erario municipal. El Concejo, como órgano fiscalizador, tiene la facultad de requerir informes detallados y, eventualmente, impulsar auditorías externas.
Esta situación revela las complejidades de la gobernabilidad de La Paz, un alcalde electo con minoría de apoyo en el Concejo, lo que enfrenta un escenario fragmentado, donde cada decisión en recursos humanos o administrativos puede transformarse en un conflicto político.
