Vicente Salazar fue trasladado a Chonchocoro, donde permanecerá privado de libertad. Foto: Twitter Capturas videos.
Tras la audiencia preliminar del dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, Túpac Katari, Vicente Salazar, la justicia le dictó detención preventiva de libertad y fue enviado a Chonchocoro durante seis meses en el penal de máxima seguridad.
Salazar fue aprehendido el pasado sábado 4 de julio en El Alto y, tras una audiencia cautelar realizada en La Paz, el juez determinó su reclusión mientras avanzan las pesquisas sobre su presunta participación en la organización y convocatoria de las medidas de presión.
Este caso se enmarca en uno de los conflictos sociales más disruptivos de los últimos tiempos. Los bloqueos, impulsados inicialmente por sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) con respaldo de grupos afines al expresidente Evo Morales, generaron una parálisis casi total del transporte, desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en varias regiones.
En ese contexto, se reportaron pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares y al menos 16 fallecidos. Muchos de ellos enfermos de cáncer que no pudieron recibir atención médica apropiada debido a los bloqueos.
Delitos imputados a Salazar
El Ministerio Público imputó formalmente a Salazar por cinco delitos graves: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante la audiencia, los fiscales solicitaron la detención preventiva por seis meses, destacando no solo la gravedad de los hechos, sino también los riesgos procesales, como la posibilidad de obstaculización de la investigación y la falta de un arraigo que garantizara su presencia en el proceso. Por eso fue enviado al penal de Chonchocoro.
Según la Fiscalía, existen indicios suficientes de su rol como uno de los principales organizadores de los cortes de ruta que afectaron carreteras clave y el abastecimiento nacional.
La autoridad judicial valoró estos elementos y rechazó los argumentos de la defensa, que presentó documentación para demostrar domicilio y actividad laboral con el fin de solicitar medidas sustitutivas de libertad menos gravosas que le evitaran quedar preso en Chonchocoro. Pero esto no fue posible.
De la protesta al estado de excepción
Los bloqueos se extendieron por más de 50 días y escalaron hasta convertirse en un desafío al orden público. Ante la magnitud de los perjuicios, escasez de insumos básicos, camiones varados y afectación a la economía nacional, el gobierno del presidente Rodrigo Paz decretó estado de excepción a finales de junio.
Esta determinación permitió el despliegue de la Policía y el Ejército para desbloquear las vías. Esta medida fue clave para restablecer el tránsito, aunque dejó secuelas profundas en la convivencia social y la estabilidad económica.
Las autoridades han sostenido que los bloqueos no solo afectaron derechos individuales y colectivos, sino que en algunos casos configuraron conductas delictivas tipificadas en el Código Penal, particularmente cuando se alega coacción, violencia o afectación sistemática a servicios esenciales.
