Según el diputado, Morales habría brindado capital político del masismo para el Gobierno. Foto: Twitter vía @evoespueblo
La falta de acciones concretas para ejecutar las órdenes de aprehensión contra el expresidente, Evo Morales, tendría una razón: un acuerdo "incógnito" entre el Gobierno y el exmandatario, así lo denunció el diputado Guillermo Mendoza.
“Evo Morales camina ‘como Pedro por su casa’ por el trópico”, precisó Mendoza tras asegurar que el Gobierno no ha actuado debido a este posible acuerdo.
La denuncia surge en un momento en que el líder cocalero se mueve con aparente libertad por el Trópico de Cochabamba, a pesar de enfrentar dos mandamientos judiciales vigentes.
Mendoza recordó que el fin de semana pasado el expresidente participó de manera pública en la inauguración de la Feria del Pescado en Villa Tunari, un acto que, a su juicio, evidencia el incumplimiento de las medidas judiciales.
Polémicas acusaciones
El diputado Mendoza sostuvo que el entendimiento se habría fraguado entre los entonces candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Edmand Lara con el propio Morales.
“Un acuerdo desde antes de las elecciones entre Rodrigo Paz, Edmand Lara con Evo Morales. Un acuerdo que queda claro en la votación”, indicó en una cita que recoge Unitel.
En ese sentido, aseguró que la dinámica electoral de las pasadas elecciones requería una definición que se logró a través de los votos del masismo. Lo que, al parecer del diputado, habría generado "una deuda política".
“En primera vuelta, en las zonas que votaban por el masismo votaron para que esta fórmula gane la primera vuelta. Y en la segunda vuelta el propio Morales públicamente le dijo a su gente que había que votar por Edmand Lara”, apuntó Mendoza.
¿Cuántas órdenes de aprehensión tiene Morales?
Morales enfrenta dos órdenes de aprehensión. La primera, emitida en 2024 y reforzada en mayo de 2026 al ser declarado en rebeldía, se relaciona con una investigación por trata agravada de personas. Según la Fiscalía, el expresidente habría mantenido una relación con una adolescente durante su mandato, en 2016, de la que habría nacido una hija.
La segunda orden, dictada a finales de julio de 2026, lo acusa de delitos vinculados a los bloqueos de caminos que se extendieron durante 53 días entre mayo y junio de este año. Esas movilizaciones, que exigían la renuncia de Paz, dejaron un saldo de 22 fallecidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, y la Fiscalía le imputa, entre otros cargos, terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad del Estado.
En los últimos días, el Gobierno ha insistido en que la captura del expresidente constituye una “tarea prioritaria”. El 3 de agosto, el Ministerio de Gobierno desautorizó públicamente al comandante de la Policía, Mirko Sokol, quien había restado importancia al caso al señalar que existen más de 18.000 órdenes pendientes.
