Legisladores buscan fiscalizar y controlar la erradicación de la hoja de coca sedentaria. Foto: Twitter Captura cámara Baja
La coca sedentaria está en la mira de los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes trabajan en acciones para cumplir la erradicación y reducir la coca excedente.
Esta iniciativa responde a la necesidad de cumplir con la Ley General de la Coca (Ley 906), que regula la superficie autorizada y busca diferenciar el uso tradicional de la hoja de la expansión ilegal vinculada al narcotráfico.
La diputada por Alianza Popular (AP), Eliana Condori Tola, secretaria del Comité de Hoja de Coca, sostuvo una reunión clave con autoridades para conocer los avances en estas tareas. Según reportes, Condori y otros legisladores enfatizan la importancia de actuar contra los cultivos que superan los límites legales, en línea con las demandas de transparencia y control.
“Es necesario establecer mecanismos de colaboración y coordinación interinstitucional, porque sabemos que la erradicación requiere un esfuerzo conjunto”, precisó Condori en una cita que recoge El Diario.
Los diputados argumentan que la erradicación no busca eliminar la coca tradicional, sino los cultivos ilegales y excedentarios que ponen en riesgo la imagen internacional de Bolivia y alimentan el narcotráfico.
La superficie total de cultivos de coca en 2024 mostró un incremento del 10% con respecto a 2023, alcanzando aproximadamente 34.000 hectáreas, según el monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El Trópico de Cochabamba registró el mayor aumento (18%).
La meta para 2026 incluye intervenir alrededor de 10 mil hectáreas en tareas de racionalización y erradicación, utilizando tecnología avanzada para un monitoreo más efectivo.
Históricamente, en años previos se han erradicado entre 10.000 y más de 10.200 hectáreas anualmente, concentradas principalmente en Cochabamba, Yungas de La Paz y otras regiones del Trópico.
El gobierno del presidente, Rodrigo Paz, retomó estas tareas en marzo tras una suspensión de casi un año de las actividades de control, con operativos en zonas como Chimoré. Estas acciones buscan evitar una mayor producción potencial de cocaína, que según las estimaciones podría alcanzar las 300 toneladas anuales si no se controla el crecimiento.
Expertos y autoridades coinciden en que el monitoreo satelital y la validación internacional, como la de UNODC, fortalecen la credibilidad de estos procesos. Sin embargo, persisten tensiones en regiones cocaleras, donde algunos sectores expresan preocupación por el impacto en sus economías locales.
